
Aunque son mayoría en el próximo Congreso, los 38 votos en la Asamblea Legislativa se convierten en la llave para impulsar reformas profundas en Costa Rica, especialmente en materias consideradas sensibles por la Constitución Política, que exige una mayoría calificada de dos terceras partes del total de diputados para su aprobación.
Esa barrera parlamentaria marca la diferencia entre las decisiones que pueden adoptarse con la mayoría simple que superó Pueblo Soberano con 31 diputados y aquellas que requieren consensos amplios.
Entre sus principales herramientas, el oficialismo podrá tener el control del directorio, de la agenda y horarios de sesión, la limitación de mociones de reiteración y la conformación de comisiones con mayoría oficialista y la designación de sus directorios, lo que incide en el dictamen de proyectos de ley.
David Delgado, abogado experto en administración público, explicó que con los 31 diputados que actualmente podría alcanzar un bloque político, el margen de acción resulta limitado.
El oficialismo podría impulsar reformas legales ordinarias, modificaciones a leyes existentes y proyectos de política pública que no afecten derechos fundamentales ni estructuras institucionales protegidas por la Constitución.
“Para proyectos de ley que vengan a reformar la materia electoral se requiere de una mayoría calificada.
Para aprobar préstamos que vengan a endeudar al país se requiere de una aprobación de las dos terceras partes de los miembros. explicó.
¿Levantamiento de garantías?
Delgado señaló que el límite aparece cuando las iniciativas impactan el diseño del Estado o el equilibrio de poderes. En esos casos, la mayoría simple resulta insuficiente, porque el constituyente estableció un filtro político para evitar cambios impulsivos o coyunturales.
“Lo que mucho se ha discutido en relación con la suspensión de garantías individuales relacionadas con situaciones de conmoción pública como lo ha venido denunciando este gobierno, se requiere de una votación no menor de dos terceras partes”, agregó.
También se incluyen decisiones sobre el Poder Judicial, como la no reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la reorganización de instituciones como el Organismo de Investigación Judicial o el Ministerio Público, y la revocatoria del nombramiento del contralor o subcontralor de la República.
Delgado subrayó que en la próxima legislatura vencerá el nombramiento de 14 magistrados y para impedir su reelección automática, la Asamblea Legislativa deberá reunir al menos 38 votos.
Incluso la convocatoria a un referéndum y cualquier proyecto que limite derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales requieren ese umbral parlamentario.
¿Cómo impacta al proyecto chavista?
Desde el oficialismo, la diputada Pilar Cisneros expresó a Diario Extra que siempre existía la preocupación por la posibilidad de que el próximo Congreso mantenga una postura de bloqueo político, pero subrayó que tiene la confianza de que los nuevos diputados no lleguen a frenar “el progreso del país”.
“Yo espero que los diputados nuevos no vengan con esa actitud obstruccionista y antipatriótica”, afirmó.
Cisneros criticó a partidos opositores por no aprobar los eurobonos y sostuvo que esa decisión tendrá consecuencias económicas para el país. Señaló a la oposición de actuar por motivaciones políticas y no por criterios técnicos. A su juicio, la falta de consensos legislativos termina trasladando el costo de las decisiones al ciudadano común.