La polémica que ha entrabado por meses la Comisión de Asuntos Hacendarios –en la que se discuten los temas fiscales-, con el proyecto de ley “Lucha Contra el Fraude Fiscal”, como una herramienta para combatir el no pago de impuestos, incluyendo la creación de un registro de propietarios de sociedades anónimas, parece encaminarse a su final.
Así se desprende del acuerdo entre el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el Gobierno, que se concretó tras múltiples encuentros de la agrupación política con las autoridades del Ministerio de Hacienda, y el Poder Ejecutivo.
En el documento establece que los datos de los accionistas estarán en manos del Banco Central de Costa Rica, el cual deberá “garantizar la confidencialidad de la información, y la exigencia de estándares internacionalmente aceptados”.
Solo la Dirección de Tributación y el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), tendrán acceso a esa información, y serán sancionados sí violentan su uso.
La presidenta de la Comisión, Rosibel Ramos, explicó a DIARIO EXTRA, que la figura del juez de garantía establece que si algún accionista detecta que se filtró información o se dio algún mal uso pueda apelar.
El jefe de fracción del PUSC, el diputado Gerardo Vargas, se pronunció en el mismo sentido.
“De esta forma se ha logrado garantizar que las autoridades tengan una herramienta que necesitan para luchar contra la evasión fiscal y el lavado, a la vez se brinda seguridad a los ciudadanos de que la información no se usará inadecuadamente y de que cuentas con derechos específicos, y la capacidad de recurrir a un juez para protegerlos” sostuvo.
Para el diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, la figura del juez “es un saludo a la bandera” en un afán del PUSC de no querer reconocer que tuvieron que ceder su posición en contra del registro de accionistas.
Para el diputado, los rojiazules tuvieron que abandonar una “posición intransigente”.
Ahora, la comisión deberá acordar si las reformas acordadas se presentan como mociones o se aprueba un nuevo texto sustituto, en un trámite rápido.