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El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acusa al Frente Amplio, Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC) de correr para reactivar el impuesto a las personas jurídicas, con el que se destinaría plata a Seguridad Pública, pero hacerlo sin garantizar que el dinero se pueda utilizar para contratar nuevos policías.
Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC, advierte que el artículo 10 del proyecto de ley expediente 19.818 señala expresamente que “dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos, y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión o apoyo”.
El socialcristiano recalca que intentaron aprobar una moción para modificar esa restricción- en la Comisión de Asuntos Hacendarios-, pero fue rechazada, según él por el afán de darle trámite expedito al proyecto.
“No es posible que se impulsen vías rápidas para impuestos, sin cuidar que esos recursos sean bien utilizados”, dijo Gerardo Vargas.
En este momento, los diputados se encuentran en una maratónica de sesiones extraordinarias intentando ver todas las mociones del proyecto, ya que tienen un plazo máximo de 15 días para aprobarlo en primer debate legislativo.
El PUSC, que se ha opuesto al impuesto, advierte en insistirá con la moción para intentar su aprobación, pues “no puede ser que impulsen un impuesto que supuestamente es para mejorar la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo rechacen que se nombren más policías”
El impuesto a sociedades fue declarado inconstitucional en 2015.
De reactivarse el cobro, se estima se podría recaudar un promedio de ¢42.906 millones con el pago de 559.506 sociedades.
Anteriormente el impuesto se cobraba bajo un único monto, las sociedades inactivas pagaban ¢94.850 y las activas ¢189.700.
En nuevo cobro sería escalonado, según los ingresos reportados. Así las cosas, una sociedad inactiva pagaría un 15% sobre el salario base, que en promedio considerando el de 2016 en ¢424.200 sería ¢63.630; si el monto de ingreso bruto de la sociedad va entre los 0 y 120 salarios base pagaría ¢106,050, es decir un 25%; entre 120 y 280 salarios pagaría un 30%, entiéndase ¢127.260; y si supera los 280 salarios base, el impuesto responde a un 50%, es decir ¢212 mil.