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Mientras nuestras autoridades dilatan decisiones y los procesos burocráticos se extienden sin prisa, Puerto Caldera se hunde cada día más en una crisis logística que amenaza con paralizar la competitividad de nuestro país.
Los números son alarmantes: casi la mitad de las empresas nacionales (49,5%) ya sufre los efectos de esta debacle portuaria, un aumento alarmante respecto al 42,7% del año anterior.
La situación es insostenible. Once embarcaciones esperan en promedio una semana para ser atendidas, algunas hasta más de 30 días, generando sobrecostos de hasta $210.000 por navío que inevitablemente se trasladan al bolsillo de los consumidores costarricenses.
El país pierde $150 millones anuales por esta ineficiencia, una sangría económica que no podemos permitirnos y menos cuando buscamos competir con países cercanos como Panamá y El Salvador.
La Cámara de Industrias lo ha advertido repetidamente: las empresas ya están desviando operaciones hacia Moín o rutas terrestres a Panamá. Un preocupante 68,9% de los empresarios amenaza con abandonar Caldera si no hay mejoras en los próximos tres años.
Esto no es una amenaza vacía; es la cruda realidad de un sector productivo que no puede seguir subsidiando la inoperancia del sistema portuario nacional.
Es cierto que existe un proceso licitatorio en marcha desde octubre de 2024, pero sus efectos no se verán hasta 2029. ¿Acaso podemos esperar cinco años más mientras nuestra economía se desangra? Las medidas paliativas implementadas por el INCOP son insuficientes ante la magnitud del problema.
Los estacionamientos transitorios y las ventanas semanales son parches sobre una herida que requiere cirugía mayor.
El Gobierno debe entender que cada día de retraso en la modernización de Caldera es un día perdido para la competitividad nacional. Mientras nuestros vecinos centroamericanos modernizan sus puertos, nosotros seguimos discutiendo carteles y modificaciones que solo dilatan lo inevitable.
La solución no puede seguir postergándose. Urge acelerar el proceso licitatorio, garantizar recursos inmediatos para mejoras de emergencia y establecer un cronograma realista que no se extienda hasta la próxima década.
Los $5,5 millones invertidos en mantenimiento son apenas un gesto simbólico frente a una crisis que demanda respuestas estructurales.
Costa Rica no puede permitirse seguir siendo rehén de su propia ineficiencia portuaria. La competitividad nacional, el empleo de miles de familias y el costo de vida de todos los costarricenses dependen de que las autoridades actúen con la urgencia que esta crisis demanda. El país espera resultados, no más promesas.