Puentes en estudio de patrimonio podrían ser demolidos

Pese al interés de los vecinos de Santo Domingo de Heredia y a que ya se inició un proceso para declararlos patrimonio, los puentes centenarios de Tures podrían ser demolidos sin consecuencias legales.

Adrián Vindas

Jefe de Patrimonio Histórico-Arquitectónico

“El órgano director hace una notificación al propietario o a las partes involucradas indicándoles de que a partir de este momento se inicia el órgano director para la declaratoria del puente; por lo que queda protegido hasta ese punto”.

Así lo explicó Adrián Vindas, jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), quien reconoció la existencia de un vacío legal que permite la demolición de edificaciones que están en trámite de declaratoria patrimonial. Según detalló el experto, el proceso legal para proteger una estructura consta de diversos pasos, entre los cuales se encuentra la visita de historiadores y arquitectos, quienes posteriormente emiten un criterio que debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Patrimonio.

“Los miembros lo valoran, hacen observaciones del caso, pueden solicitar ampliaciones en cuanto a la información que se brinda; y posteriormente, si se le da un voto de aprobación, se traslada al despacho para que se nombre un órgano director, que son un conjunto de abogados que ven el tema jurídico”, señaló Vindas a Diario Extra.

La protección solo entra en vigencia una vez que la Comisión emite un voto positivo, momento en el que la estructura adquiere una protección temporal, válida hasta que se defina si será o no declarado patrimonio.

“El nivel de protección sería temporal porque si se logra declarar patrimonio sería definitivo; y entra a partir del momento en que se notifique al propietario que hay un caso; en este faltaría el dictamen de la comisión”, agregó.

Casos se acumulan

Para evitar que inmuebles con valor histórico sean demolidos, la Unidad de Patrimonio prioriza los casos más urgentes o aquellos en riesgo de modificación.

“Actualmente tenemos más de 500 solicitudes de declaratoria, lo cual es alto. Muchas no responden a un verdadero interés conservacionista, pero si detectamos que un edificio con valor histórico o arquitectónico corre peligro, le damos prioridad en la lista”, precisó el funcionario.

La falta de personal complica la atención de todos los casos.

“Contamos apenas con cuatro arquitectos y cinco historiadores para todo el país. Y la ley establece que solo esas profesiones pueden realizar los estudios. Además de declaratorias, hacemos restauraciones, asesorías, permisos en zonas de control especial, inventarios y monitoreo de los 405 inmuebles ya declarados. Estamos saturados”, detalló.

Los tres puentes de Santo Domingo forman parte de los estudios activos, lo que podría frenar su demolición mientras avanza el proceso.