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El abogado y diputado José Miguel Villalobos anunció recientemente que solicitaría una “suspensión voluntaria” del ejercicio profesional para dedicarse de manera exclusiva a sus funciones de legislador.
Este anuncio llegó horas después de que un tribunal indicara que remitiría al Colegio de Abogados un “abandono de defensa” de Villalobos en un juicio donde representaba a la exministra de Salud, Joselyn Chacón.
Sin embargo, el Colegio de Abogados indicó que para que un profesional del gremio pueda inhabilitarse de manera temporal debe cumplir una serie de requisitos y que estos deben ser validados por la Junta Directiva.
Así lo explicó a Grupo Extra, el fiscal del Colegio, Dewin Brenes, quien señaló que un retiro de este tipo no puede ser unilateral.
Para inhabilitarse temporalmente, el profesional debe enviar una carta formal al Colegio, aceptar las implicaciones sobre la suspensión de pólizas cubiertas por la cuota, estar al día con el pago de sus cuotas de colegiatura y esperar la aprobación.
Además, si un abogado solicita inhabilitarse, pero tiene procesos abiertos en la Fiscalía del Colegio, las causas continúan su curso normal.
En caso de dictarse una sanción en firme, esta no se aplicará de inmediato debido a la inhabilitación, sino que empezará a correr a partir del momento en que el profesional decida volver a habilitarse.
“Lo correcto desde un punto de vista ético es que un abogado que sepa que tiene causas no debería de inhabilitarse, debería hacerles frente a las causas porque eso es lo correcto desde un punto de vista ético. Sin embargo, entendemos que la normativa permite que se pueda hacer por derecho de asociación, pero el que yo me pueda inhabilitar cuando yo quiera”, explicó.
Al inhabilitarse, el profesional pierde la facultad de ejercer la defensa, por lo que está obligado a comunicar la decisión a sus clientes, dado que no es una decisión unilateral aceptada obligatoriamente por el cliente.
“Eso tampoco significa que los clientes a los cuales él dejó no van a poder reclamarle; igual ellos podrían asistir a venir a la fiscalía y presentar una denuncia, aunque haya un abogado que esté inhabilitado”, agregó.
Aun inhabilitado, los clientes afectados conservan el derecho de denunciar al profesional ante la Fiscalía, de acuerdo con Brenes.