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Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron un nuevo recorte de ¢8.048 millones a las universidades públicas, mediante una moción al segundo presupuesto extraordinario de 2026 que elimina la transferencia de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La moción número 9 recibió el respaldo de todos los legisladores oficialistas integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pese a los cuestionamientos de la oposición sobre sus posibles consecuencias para las universidades y la constitucionalidad de la medida.
La modificación elimina un aumento de ¢8.048.128.252 al FEES, que se financiaría mediante rebajas a diferentes partidas del Ministerio de Educación Pública (MEP). Los recursos correspondían a un acuerdo de la Comisión de Enlace del 20 de noviembre de 2025.
Nogui Acosta, presidente de la comisión, defendió la decisión al considerar que los recursos deben permanecer en programas de apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria, en lugar de trasladarse a las universidades.
“La pregunta es en este momento qué es más importante, ustedes que están en la educación secundaria o quienes van a ir a la educación universitaria en un año. Yo creo que desde el punto de vista práctico tiene muchísimo sentido lo que estamos discutiendo aquí”, manifestó Acosta.
La moción establece que ¢5.600 millones permanecerán en el programa de comedores estudiantiles y ¢1.714 millones en los subsidios de pasajes para el transporte de estudiantes.
También mantiene ¢733,5 millones correspondientes a la partida de transporte dentro del país, incluida en los programas de equidad del MEP.
Acosta aseguró que los fondos destinados al FEES provenían de reducciones en comedores escolares, becas y transporte, por lo que consideró necesario modificar su distribución.
“Privilegiamos la educación secundaria. En la secundaria se da el mayor valor en la educación. Cuando ustedes terminen la educación secundaria, van a tener muchas más habilidades para conseguir un mejor trabajo; van a tener la posibilidad de continuar con su educación”, afirmó.
La diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó el recorte y advirtió que podría contravenir la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el financiamiento universitario.
La legisladora recordó la sentencia 2022-017987, mediante la cual el tribunal declaró inconstitucional una reducción legislativa unilateral del FEES, por considerar que vulneraba el artículo 85 de la Constitución Política.
“La autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política no es un privilegio institucional, sino una garantía funcional para el libre desarrollo del pensamiento, la investigación y la docencia”, señaló Aguilar.
La diputada también cuestionó las posibles afectaciones a las becas universitarias, las sedes regionales, la investigación y los estudiantes que dependen de estos recursos para continuar sus carreras. Aguilar solicitó al Poder Ejecutivo establecer un diálogo con los rectores para determinar las consecuencias presupuestarias de las rebajas y buscar alternativas para las instituciones.
“Realmente hemos estado luchando porque estos recursos se mantengan en las universidades, más bien desearíamos, dentro de un contexto diferente, que los presupuestos vinieran con un incremento”, expresó.
La transferencia eliminada contemplaba la distribución de ¢1.899 millones para cada una de cuatro instituciones: la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La Universidad Técnica Nacional (UTN) recibiría los ¢448 millones restantes.
La decisión se suma al cuestionamiento por el traslado de ¢8.048 millones del FEES contemplado en el presupuesto nacional de 2027, cuya constitucionalidad también está bajo revisión de la Sala IV.

