La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), sede Puntarenas, realiza una serie de allanamientos contra 3 funcionarios que vendían incapacidades a funcionarios públicos.
En uno de los casos, una de las personas favorecidas pagó ₡150 mil por cada uno de los cuatro meses que estuvo incapacitada.
En apariencia, el principal sospechoso, quien es médico psiquiatra de apellidos Mora Ávila, al que se le detuvo y se analizará toda la prueba que esté disponible en los inmuebles.
Además de Mora, se investiga a emergenciólogo de apellidos Solís Blanco y otro de apellido Ibrahain, encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS.
Los hombres favorecían con citas e incapacidades a los funcionarios públicos.
Además, hay 25 hombres y mujeres que registran incapacidades sospechosas, algunas de estas cambiaron su dirección física en el EDUS, con el aparente fin de ser atendidas por Mora en Puntarenas, y lograr que este les incapacitara.
La Fiscalía allana las casas de los dos imputados, el consultorio privado de Mora, en El Roble, los puestos de trabajo de Mora, Solís y Ibrahain, en el Hospital Monseñor Sanabria, y las oficinas de tecnología de información de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en San José.
