Las pruebas FARO implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) son inconstitucionales y amenazan la democracia costarricense.
Así lo consideraron Fabián Volio y Fabián Silva, abogados constitucionalistas consultados por DIARIO EXTRA, quienes recalcaron que el gobierno de Carlos Alvarado debe tomar cartas en el asunto y sentar las responsabilidades.
Volio manifestó que representa un ataque a la democracia el hecho de que el Poder Ejecutivo pretenda acceder a información de carácter sensible por medio de menores de edad.
Dijo que no es de recibo la implementación sin el consentimiento de los padres en una prueba cuyo origen primordial es medir los conocimientos de los pequeños.
“Esto constituye un abuso inaceptable tanto de los funcionarios como de los superiores, incluida la ministra, que hayan permitido esta intromisión en la vida privada y los datos sensibles que no guardan ninguna relación con la posible evaluación del conocimiento.
Es la tercera vez que el gobierno intenta obtener información confidencial de los costarricenses. Recordemos la UPAD, luego el intento de obtener información de los beneficiarios del IMAS y ahora aparece este inaceptable cuestionamiento de asuntos personales, sensibles y confidenciales”, expresó.
ESTRÉS
Fabián Silva reconoció ante El Periódico del Pueblo que este tipo de pruebas habrían estresado a los menores a la hora de contestar.
Agregó que a todas luces es inconstitucional, pues atenta contra los derechos de la niñez y esta práctica es muy común en los regímenes dictatoriales.
“Se atenta contra cualquier principio de lógica. Vea usted la característica del Gobierno de Costa Rica lo que se pudo saber a través del escándalo de la UPAD, es un gobierno que desea meterse en la privacidad y en la intimidad de los costarricenses.
Esto va más allá porque quiere saber datos sensibles de los menores de edad. Es un gobierno que no se satisface en haber violado derechos fundamentales de la política UPAD, sino que va más allá, a través del MEP y la dirección de un Ministerio. Es increíble pensar que una señora ministra no tenga conocimiento de semejante barbaridad”, indicó.
Desde el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) declararon que la institución ya pidió un informe al MEP sobre lo sucedido y en el transcurso de este lunes emitirán un pronunciamiento.