Han pasado más de catorce años desde el día en que tuve que adentrarme en el mundo, o mundillo judicial, como lo denominó en su momento uno de los fiscales más perversos que ha tenido el Poder Judicial. Desde entonces he conocido de primera mano los intricados laberintos por los que transita la Justicia en Costa Rica. Una Justicia que en muchos momentos inclinó su balanza de acuerdo con intereses que están más allá de la comprensión de la mayoría de la ciudadanía, a la que solo se le permitía ver lo que interesaba a aquellos que se unieron para dar, lo que un embajador denominó entre amigos, como “golpe político”. Un golpe que benefició aquel que no quería competencia en la carrera presidencial; un golpe que satisfizo las ambiciones de un partido emergente que necesitaba desacreditar para poder surgir; un golpe que le dio poder a un sector de la prensa cuyo único interés era situarse por encima del poder político, arrogándose el derecho de juzgar y condenar por encima de los mismos tribunales; un golpe asestado con tal maestría que desde entonces nuestro sistema democrático nos es el mismo. El adentrarme en el sistema jurídico fue un proceso desgastante, un camino en el que sentí se me había robado la inocencia, cuando mi fe en el Poder Judicial se fue minando con cada resolución, con cada arbitrariedad, con cada violación a los derechos más fundamentales. Con cada abuso que se perpetraba fue creciendo en mí un sentimiento de impotencia e indignación, y cada vez que se rechazaba una prueba de descargo sin siquiera admitirla para su estudio, era una bofetada que sentía por parte de la señora Justicia. Durante el proceso tuvimos jueces que fueron retirados a último momento por sufrir una contractura muscular en la muñeca, jueces que se vieron beneficiados tras avalar fallos polémicos, jueces que emitieron criterio aún antes de que concluyera el juicio, jueces que en realidad eran fiscales pero que se les nombraba jueces por unas hora para fallar de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, jueces que ignoraron por completo las pruebas de descargo como los fallos de otros juicios relacionados y las declaraciones juradas de testigos… hoy entiendo que lo que en ese momento no podía ver o no quería aceptar era que el derecho a la ley nos había sido negado desde el inicio. Muchos de los actores que en ese momento influyeron y presionaron para concretar una injusta condena dentro del mismo Poder Judicial hoy se rasgan las vestiduras, desde fuera, ante los problemas que enfrenta la Corte y se lavan las manos. Si, la Corte necesita, no de ahora, desde hace mucho tiempo una fuerte sacudida que les haga despertar sobre los errores sobre los cuales ha transitado el sistema judicial desde hace mucho tiempo, pero a pesar de todo lo anterior y de los cuestionamientos que señalé claramente en mi libro Sin Derecho a la Ley, creo que la forma acalorada, impetuosa, irreflexiva e impulsiva como hoy se pretenden hacer modificaciones y remover a un grupo de magistrados, atenta contra la institucionalidad, dejando un peligroso vacío de poder que puede ser nefasto para el país. Descabezar el Poder Judicial, de un día para otro, sin tener la certeza de que nuestro Poder Legislativo va a tener la capacidad de responder en forma serena, responsable y con sabiduría, eligiendo personas idóneas para el cargo, es una locura. Por un lado, los diputados, en su mayoría inexpertos, están apenas asimilando la verdadera dimensión de su mandato y, por el otro, el multipartidismo podría llevar a que la elección de nuevos magistrados se dilate por un tiempo indefinido, dejando al Poder Judicial y específicamente a la Sala Tercera, en medio de un limbo de poder. Lo más grave, sin embargo, es que los fallos se den no como resultado del estudio y valoración de las pruebas, de la aplicación de la ley o la objetividad del juez, sino como respuesta a la presión de los medios y la opinión popular. Cambiar un fallo judicial simplemente por temor a la manifestación de unos pocos frente a los tribunales o la presión de algunos medios que desde hace rato se arrogan el derecho a emitir fallos populistas es inconveniente, peligroso y pone en duda la capacidad para defender los mandatos Constitucionales, las leyes de la República y la seguridad jurídica que merecen tener los costarricenses. El juez debe tener la libertad de votar de acuerdo con su consciencia y no en consonancia con el linchamiento mediático o la opinión pública que rara vez se toma la molestia de verificar aquello que repite, dando credibilidad a hechos que no le constan, a rumores que carecen de sustento y cuyo origen, intenciones e intereses desconocemos. Defender la institucionalidad debe ser nuestra prioridad, no debemos caer en el error de responder al clamor de las masas que presionan sin tener el más mínimo conocimiento y noción de lo que está verdaderamente en juego: el fortalecimiento de Poder Judicial y nuestro sistema de justicia, uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta nuestra democracia.