Un encuentro más para hablar de seguridad fue lo que ocurrió luego que el Poder Judicial se reunió con Rodrigo Arias, presidente del Congreso, así como Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
“Estamos ratificando con todos los partidos políticos aquí los resultados y también mencionarles que hay un compromiso de esta Asamblea Legislativa, mayor contenido presupuestario a esta pelea del narcotráfico.
La limitación que sentimos que tiene el Estado costarricense de alrededor de una suma de ¢20.000 millones, probablemente se puedan aprobar”, manifestó Arias.
Los jerarcas discutieron durante dos horas varios proyectos de ley que ayudarían a contener y luchar contra el narcotráfico. También sobre la bandeja estuvo el proyecto del gota a gota, modalidad que va en incremento en el país.
Michael Soto, subdirector interino del OIJ, dijo que “el crimen organizado percibe muchísimo dinero y la forma de mantener esos flujos activos es prestárselo a varias personas y ahí el dinero va dándole vuelta y siguen teniendo ganancias exageradas”.
Agregó que tener una ley que controlo de manera directa los préstamos gota a gota ayudaría a rebajar el incremento de casos que se reportan en esta modalidad.
En el tema de seguridad surge la interrogante ¿cuándo se ejecutarán esos proyectos?
Arias dijo que dentro de la agenda con los jefes de fracción uno a uno meterá los proyectos para estudiarlos.
Lo anterior se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo.
“Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales”, dijo Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
¢20.000 MILLONES MÁS PARA COMBATIR CRIMEN
La Comisión de Asuntos Hacendarios conocerá propuestas que significan ¢20.000 millones más para el ataque al crimen organizado.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de dicho foro legislativo, explicó que “del total de recursos frescos, ¢12.000 millones se destinarán al OIJ, mientras que Seguridad Pública recibirá ¢8.000 millones, en caso de aprobarse las mociones”.
Detalló que tanto en estas como otras modificaciones, los recursos provienen de la partida de intereses de deuda.
“El ataque al crimen organizado es la máxima prioridad país y por tanto no se pueden escatimar recursos”, sentenció.
Las mociones empezarán a conocerse a partir de este martes y la Comisión de Asuntos Hacendarios tiene plazo para dictaminar el 25 de octubre.
URGEN MEDIDAS YA
Expertos señalan que las más de tres reuniones del Gobierno son suficientes para saber las necesidades de Costa Rica en materia de seguridad.
Laureen Gordon, criminóloga y experta en seguridad, señaló: “Aunque ha sido la tendencia, al menos de este ministro de Seguridad, un acercamiento con las diferentes autoridades y con todos aquellos actores relacionados con lo que tiene que ver con la parte de seguridad y justicia del país, sin duda alguna lo que nos hace falta es la urgencia, no solamente en el desarrollo de este tipo de propuestas.
Sabemos que cambiar la legalidad en Costa Rica es un proceso bastante complejo y que no se lleva a cabo de un día para otro, pero sí es muy necesario que se continúe sobre esa línea y que se haga o se desarrolle un marco jurídico, primero que todo actualizado, porque también se genera un conflicto al estar haciendo modificaciones de ciertos artículos. Lo que hace es debilitar otros que no se tomaron en consideración por la necesidad de la urgencia”.
Lo cierto es que el país espera la ejecución de medidas, en vez de estar en reuniones que dejan de manifiesto que los proyectos todavía están en pañales.