Representantes de la Cámara de Almacenes Fiscales y Generales de Depósito (Camalfi) califican como nefasto un proyecto de ley que impulsa el presidente del Congreso Eduardo Cruickshank, el cual pretende que todas las mercaderías que ingresen al país paguen el impuesto en el puerto de ingreso (es decir puertos y fronteras) para ser nacionalizadas.
La propuesta, que se discute con el expediente 22.082, impediría que los empresarios nacionales que importan mercadería puedan pagar sus impuestos de forma anticipada y haría que esos insumos no vayan directamente a sus bodegas en la Gran Área Metropolitana (GAM).
El proyecto reforma la Ley de Aduanas y obliga a que esas mercaderías vayan a almacenes en Peñas Blancas, Limón y Caldera.
ELIMINA PAGO ANTICIPADO
Óscar Sánchez, director ejecutivo, y Pietro Poma Murialdo, vicepresidente de Camalfi, explicaron a los diputados de la Comisión Especial de Limón, donde se analiza el proyecto, que la reforma que se propone eliminaría la posibilidad que los empresarios hagan un pago anticipado de tributos.
El proyecto pretende eliminar la figura de “declaraciones anticipadas” y limita ese mecanismo a mercancías perecederas o mercancías que requieren un trato especial o regímenes especiales, sin una razón técnica ni jurídica para aplicar esa discriminación.
Sánchez explicó que la “declaración anticipada permite al importador presentar una declaración para pagar los impuestos y destinar a consumo la mercadería”.
“El despacho anticipado lo que hace es agilizar las declaraciones de comercio para que, previo que llegue el barco o el avión, se puedan pagar los impuestos. El proyecto lo que hace es circunscribir la declaración anticipada, cuando hoy día es un mecanismo que se aplica en el 50% de las mercancías que ingresan al país”, indicó el vocero de Camalfi.
El proyecto además no tiene una correcta técnica jurídica, ya que por un lado limita la declaración anticipada a estas mercancías, pero inmediatamente después le da la potestad vía reglamento al Director de Aduanas para decidir a qué mercancías se habilita esta opción.
INCONSTITUCIONAL
Los voceros de Camalfi recordaron que un proyecto similar se presentó en la Asamblea Legislativa en 1999, bajo el expediente 13.171 de autoría del entonces diputado liberacionista oriundo de Limón Walter Robinson.
Sánchez trajo a presente el pronunciamiento de servicios técnicos en aquel momento, donde se indicó que aplicar tales cambios a la Ley de Aduanas sería violatorio de los derechos fundamentales de libertad de empresa.
Por ello, alegan que la actual iniciativa también es inconstitucional ya que violenta el artículo 46 de la Constitución Política.
“Un proyecto de ley cuyos efectos son nocivos, nefastos para la economía nacional, donde se verán afectados los actores de la cadena logística y los usuarios, el destinatario final”, afirmó Sánchez.
“Tienen un derecho fundamental que estaría siendo violado, porque los consumidores y los usuarios, todos los consignatarios de las mercancías, tienen derecho a la protección de sus intereses económicos y a la libertad de elección, pero con este proyecto se está obligando al consignatario, al usuario y al consumidor a dejar su mercancía en el puesto de ingreso, a tener que pagar todos los impuestos en el punto de ingreso y a no poder escoger una gama de más de 40 depositarios que hay en la GAM circunscribiéndose a dos que hay en el impuesto de ingreso, uno en Peñas Blancas y los que hay en Limón y en Caldera”, agregó el vocero de esta cámara. .
DIARIO EXTRA también informó que, según datos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el costo por contenedor se elevaría en $500.