
Gisela Sánchez, directora de relaciones corporativas de la empresa Florida Ice and Farm que incluye la Cervecería de Costa Rica, explicó mediante un correo electrónico la razones por las que se oponen al expediente 20.968 que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos y que busca combatir el problema del contrabando de licores en el país.
La Cervecería se autocalifica como un actor legítimo para hablar del problema del contrabando de licor y además interesado en resolver el tema.
La compañía habla de cuatro preocupaciones del proyecto de ley: primero que el código QR que llevaría cada botella y lata con contenido alcohólico en el país, como se propone, no ha funcionado en otros países que así lo han implantado. Pone el caso de Ecuador donde el Gobierno ni siquiera ha podido recuperar la inversión millonaria que estos sellos implican.
“Los sellos van a encarecer aún más los productos legales y por ende van a promover más el consumo de productos adulterados y contrabandeados, incluyendo los que lleven sellos falsificados”, argumentó Sánchez.
Según la Cervecería, Costa Rica es el país número uno de Latinoamérica en impuestos a las bebidas alcohólicas con un total de $78,14 por hectolitro versus Panamá con una carga impositiva de $24,27 por hectolitro.
“Esta es la principal causa de contrabando en Costa Rica, pues el incentivo para traer producto de contrabando de Panamá es demasiado grande. Un sello no va a detener ese incentivo perverso y lo único que va a lograr es encarecer los productos legales y por ende que siga creciendo el contrabando”, aseguró la vocera de Florida Ice and Farm.
LEYES EXISTENTES
La otra preocupación que manejan es que ya existen leyes que buscan detener el comercio ilícito y que no se aplican.
“Los miembros de la industria muy bien sabemos que lo que falta es control efectivo en la aduana con Panamá. De ahí viene prácticamente todo el contrabando que ingresa al país. Además, la Ley N° 9047 que regula la comercialización de bebidas alcohólicas ya le da la competencia a las Municipalidades para cancelar licencias, y el cambio que está introduciendo el diputado Daniel Ulate es básicamente la creación del sello”, insiste la Cervecería.
MUERTES POR ETANOL
Sobre las muertes por consumo de alcohol adulterado, la Cervecería alega que este proyecto no tiene ningún impacto para evitarlas.
“La adulteración de alcohol se produce en fábricas clandestinas en Costa Rica. Estos delincuentes rellenan las botellas de productos legales (las reutilizan) con metanol (diluyente de pintura) porque es significativamente más barato que el alcohol para consumo humano (etanol)”, explican.
“Si se pone un sello a las botellas legales, los adulteradores las rellenarán con el sello legalizando el alcohol adulterado contenido en la botella y más bien se estaría propagando el riesgo de muertes en Costa Rica. El licor adulterado no se importa. Lo que se importa es el metanol. Lo que hay que regular es la importación de metanol. Eso sí detendría las muertes en el país”, insiste la Cervecería.