La Sala Constitucional determinó que el expediente legislativo 23.986, “Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana”, es inconstitucional.
Los magistrados señalaron que los principios adicionados como “el peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación” violentan los principios de presunción de inocencia, legalidad penal, razonabilidad y proporcionalidad.
Este proyecto es una de las iniciativas que se han planteado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa con la intención de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El diputado Gilberth Jiménez, quien preside dicho órgano legislativo, lamentó la resolución de la Sala y aseguró que lo indicado por los magistrados no es el enfoque de la iniciativa.
“Espero que nuestros jueces entiendan y comprendan que muchas veces por no meter en prisión a una persona que andan con actos delictivos tenemos un asesinato o personas fallecidas”, expresó.
Además dijo que muchos sospechosos detenidos por crimen organizado son liberados porque los jueces consideran que las pruebas son insuficientes para detenerlos.
“Creo que estamos en un momento de situaciones muy inseguras, de violencia, donde vemos que los femicidios lamentablemente toman fuerza y dañan muchas vidas. Este plan era una acción para corregir este tipo de actos”, finalizó.
