Proyecto de Marta Esquivel plantea eliminar colegiatura obligatoria y tarifas mínimas profesionales
El proyecto propone que la incorporación a un colegio profesional sea voluntaria tanto para trabajar en el sector público como en el privado
La diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó el jueves un proyecto de ley que plantea eliminar, como regla general, la colegiatura obligatoria para el ejercicio de profesiones liberales, además de prohibir la fijación de tarifas mínimas y suprimir timbres y otros cobros obligatorios de los colegios profesionales.
La iniciativa corresponde al expediente N° 25.747, denominado “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, presentado el 27 de agosto.
El proyecto propone que la incorporación a un colegio profesional sea voluntaria tanto para trabajar en el sector público como en el privado, por lo que las instituciones no podrían exigirla como requisito para contratar a una persona o permitirle ejercer su profesión.
Sin embargo, la iniciativa mantiene la colegiatura obligatoria para determinadas actividades en las que, según el texto, el ejercicio profesional podría provocar una afectación directa y grave a la vida, la salud, la integridad física, la seguridad estructural, la fe pública, la defensa judicial o los derechos de terceros.
Entre las excepciones se encuentran profesiones de salud, como Medicina, Farmacia, Microbiología, Odontología y Enfermería. En Derecho, la colegiatura se mantendría cuando se ejerza representación, patrocinio o defensa técnica ante tribunales, mecanismos alternativos de resolución de conflictos o funciones notariales.
Ingenierías
También seguiría siendo obligatoria en determinadas áreas de Ingeniería, entre ellas civil, estructural, eléctrica, mecánica, electromecánica, topográfica, construcción y telecomunicaciones, cuando las labores involucren obras o sistemas cuya falla pueda comprometer la seguridad pública, la vida o el ambiente.
Otro de los principales cambios sería la prohibición a los colegios profesionales de establecer tarifas u honorarios mínimos obligatorios. Estas organizaciones únicamente podrían publicar montos de referencia, que serían de utilización discrecional para profesionales y clientes.
En el caso de los abogados, esos valores de referencia podrían utilizarse para que los jueces determinen las costas procesales cuando no exista otro mecanismo para calcularlas.
La propuesta también crea un Registro Nacional de Profesionales, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que sería público, digital y gratuito. La inscripción sería obligatoria para quienes pretendan ejercer una profesión regulada por la futura ley y funcionaría como mecanismo para acreditar el cumplimiento de los requisitos profesionales.
Además, el proyecto elimina la posibilidad de que los colegios condicionen el ejercicio profesional al pago de cuotas, contribuciones o timbres obligatorios. Para ello, propone derogar disposiciones de distintas leyes orgánicas, incluido el Timbre Forense, así como cobros existentes en colegios de médicos, ingenieros, terapeutas, geólogos y contadores públicos, entre otros.
En caso de aprobarse, los colegios profesionales tendrían un plazo de seis meses para presentar un plan de transición financiera que determine cómo sostendrán sus funciones ante la eliminación de esos ingresos. En el mismo plazo, las instituciones públicas deberán ajustar sus procedimientos internos a las nuevas reglas.