Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó un proyecto de ley para proveer las herramientas necesarias al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el combate contra el delito de secuestro virtual.
Esa figura penal consiste en que los antisociales crean un falso secuestro, llevan a las personas mediante un engaño a determinado sitio y les advierten que son vigiladas a distancia, luego las amenazan con matarlas si no pagan determinada suma de dinero.
“Entendimos que más allá de un secuestro era una estafa, una más de las estafas que los señores de Organismo de Investigación Judicial tienen que trabajar.
En ese momento el jerarca Randall Zúñiga dijo ‘sentémonos a trabajar, pensemos en proyectos’ y de la mano del OIJ, el Colegio de Abogados y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico listamos un proyecto, lo analizamos, lo trabajamos y hoy lo vamos a presentar con el título de ‘Reforma a los artículos 49 y 67 y adición de los artículos 43 bis’, para dar acceso a las autoridades judiciales a registro de información y administración de operadores de redes y telecomunicaciones”, explicó el legislador.
Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó la importancia de esa iniciativa de ley y el objetivo específico de su implementación.
“La idea de este proyecto de ley es reformar las capacidades de los cuerpos policiales de investigación. Tomamos como ejemplo el caso de un falso secuestro virtual, en el cual se busca determinar dónde está la ubicación física de quien está cometiendo el ilícito. Es algo que se está dando en el momento, en vivo y por eso es tan importante tener acceso a esa información”, comentó.
Además dijo que es importante bloquear esa señal o la llamada de manera temporal y explicar a las personas que no son víctimas de un secuestro.
Zúñiga agregó que con esta modificación en el lapso de un año se obligaría a todas las operadoras telefónicas del país a suministrar la información al OIJ en tiempo real, así como bloquear direcciones IP.
En la actualidad únicamente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene esa posibilidad, mientras que las demás operadoras no lo hacen. Ahora ambas partes esperan que los legisladores avancen en la aprobación de esta reforma.