Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el Proyecto de Ley Expediente N.° 24.612, impulsado por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, que plantea la obligatoriedad de combinar trabajo y estudio como parte de toda condena firme de prisión.
La medida pretende fortalecer la reinserción social, disminuir la reincidencia y contribuir a la seguridad ciudadana.
De acuerdo con la iniciativa, las personas privadas de libertad deberán trabajar, estudiar o realizar ambas actividades bajo la supervisión de la Dirección General de Adaptación Social. Quienes se nieguen, sin estar exentos, perderán el acceso a beneficios penitenciarios y cumplirán su condena completa.
El régimen de trabajo será únicamente diurno y con un máximo de ocho horas diarias. No generará relación laboral ni podrá ejecutarse en beneficio de organizaciones con fines de lucro.
Además, estará acompañado de una póliza de riesgo y una contraprestación económica definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Esa remuneración se distribuirá de forma semanal: un 25% para pensiones alimentarias, un 25% para obligaciones pecuniarias, un 25% al Estado por gastos de estadía y el 25% restante se dividirá entre gastos personales y un ahorro de egreso.
Las personas condenadas por delitos graves como homicidio, tortura, delitos sexuales, narcotráfico o crímenes de lesa humanidad solo podrán trabajar dentro del centro penitenciario, salvo criterio profesional que lo autorice.
Estarán exentos del régimen de trabajo quienes superen los 65 años, mujeres embarazadas y personas con limitaciones físicas o psicológicas, salvo autorización médica.
En materia de estudio, los programas deberán realizarse con instituciones reconocidas por Adaptación Social. Los privados de libertad tendrán que demostrar avances académicos, de lo contrario deberán integrarse al régimen laboral.
“Este proyecto representa un beneficio directo para toda la sociedad, al fomentar la reinserción, reducir la reincidencia y construir comunidades más seguras. Pero además es una oportunidad de superación para quienes hoy cumplen una condena”, afirmó Carballo.