Proyecto busca reducir cantidad de días del curso lectivo 

El curso lectivo podría pasar de un esquema de 200 días a otro de 176 jornadas efectivas entre marzo y noviembre, como parte de una propuesta que busca reorganizar el tiempo destinado a clases, planificación y capacitación docente.

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), por medio de su presidente, César Toruño, dijo a Grupo Extra que presentará ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley, entre ellos uno para modificar el calendario escolar y establecer el periodo lectivo del 1° de marzo al último día de noviembre.

La propuesta pretende que las jornadas destinadas a clases sean utilizadas exclusivamente para la atención educativa, mientras que otras labores se desarrollen fuera del periodo lectivo.

¿Sería inconstitucional?

Si bien aún no se ha presentado ante el Congreso y no se conoce el fondo del proyecto, es importante mencionar que Costa Rica es firmante del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, suscrito mediante la Ley N.º 3726 del 16 de agosto de 1966.

Dicha norma, en su artículo 25, inciso 7, establece lo siguiente:

“Los Estados signatarios (firmantes) deciden fijar un mínimo de doscientos días anuales de clase efectiva, con una jornada diaria no inferior a cinco horas (…)”.

Para Fabián Volio, abogado experto en derecho constitucional, la iniciativa no tendría futuro en la Asamblea, pues la misma Carta Magna establece la superioridad jerárquica que ostentan los tratados internacionales sobre las leyes comunes.

“No se puede aprobar un proyecto de ley que pretenda modificar un tratado internacional. ¿Por qué? Porque los tratados y convenios internacionales tienen una jerarquía o autoridad superior a las leyes comunes porque así lo establece la Constitución Política en su artículo 7. Es decir, la jerarquía sería: la Constitución Política, después los tratados y convenios internacionales y después las leyes”, expresó el jurista.

Añadió que “no hay ninguna posibilidad de que se sostenga esta decisión”.

El mismo criterio comparte Esteban Valverde, también abogado constitucionalista, quien dijo que la propuesta, tal y como se plantea, es contraria al convenio.

“Inclusive puede ir en contra de la Constitución Política por cuanto el derecho a la educación es pilar fundamental, y este tratado busca garantizar un mínimo de días de cobertura de educación de la niñez y la adolescencia costarricense”, explicó Valverde.

También dio su criterio Fernando Zamora, abogado especializado en la misma área y excandidato presidencial, quien señaló que los 200 días establecidos en el convenio representan un mínimo que debe garantizarse como parte del derecho a la educación de las personas menores de edad.

“Si una norma dice que son 190 y la otra 200, entonces hay que decantarse por la de 200 en beneficio y en procura de una mejor interpretación y resguardo de los derechos de los menores”, explicó Zamora.

El abogado agregó que una eventual reducción por debajo de los 200 días también chocaría con la jerarquía normativa, debido a que un convenio internacional se encuentra por encima de una ley ordinaria. A su criterio, la iniciativa enfrentaría, además, un cuestionamiento por afectar el derecho a la educación.

“Sería inconstitucional por violar el principio de que la norma internacional está por encima de la norma nacional, por una parte, y además porque violaría el derecho a la educación de los menores”, afirmó el exaspirante a la silla presidencial.

¿Colypro lo contempló?

Consultado por este medio, Toruño reconoció que la propuesta debe considerar la existencia del convenio internacional, pero explicó que, desde la perspectiva del colegio profesional, Costa Rica ya mantiene una situación particular frente a ese acuerdo.

“Esto del convenio es importante entender lo siguiente. El convenio centroamericano es de la mitad de la década de los 60 y Costa Rica impulsó los 200 días lectivos hasta 1996-97. Es decir, pasaron 30 años sin que esto se operacionalizara. Somos el único país de Centroamérica que está implementándolo”, señaló Toruño.

Toruño defendió que la reducción no necesariamente implicaría que los estudiantes reciban menos educación, pues, según explicó, actualmente una parte importante de las jornadas establecidas en el calendario no se traduce en días efectivos de clases.