El Proyecto de Ley n° 23.395 aspira a que las empresas establecidas en Zonas Francas en el país cuenten con centros de estudios, capacitación e investigación.
La propuesta del diputado verdiblanco Danny Vargas Serrano, que reformaría la Ley n° 7210 del régimen de zonas francas, incluye un apartado dedicado a la labor del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El artículo 16 bis de dicha ley dice que el “Estado puede instar al Instituto Nacional de Aprendizaje” a que promueva ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas instaladas en el país y que sean acordadas con las áreas de mayor demanda laboral.
No obstante, el diputado Vargas asegura que es necesario que haya otras instituciones aparte del INA para que participen junto con la industria en la actualización de la oferta académica.
El proyecto de ley busca que participen tanto universidades públicas como privadas y que estas aporten para el desarrollo de la iniciativa de su propio presupuesto.
“Es bien conocido que la mano de obra a nivel técnico e industrial en zonas francas es reconocida y de muy buena calidad; sin embargo, las empresas no tienen cómo acreditar las labores que realizan sus trabajadores”, se lee en el documento presentado en la Asamblea Legislativa.
Según se indica en el proyecto, la posibilidad de certificar a los colaboradores de las distintas empresas, “ayudaría a generar mano de obra calificada para la exportación, sería un semillero de talentos certificados que podrían ampliar su horizonte y seguir creciendo en otras latitudes”.
“Muchas veces personas que han trabajado años en una zona industrial desarrollando, por ejemplo, equipo médico, no obstante, no tienen ningún documento que así los acredite, como títulos, certificaciones u otros, y cuando buscan un trabajo encuentran esa carencia de no haber sido acreditados como técnicos en la elaboración de determinados suministros y esta situación se repite a lo largo y ancho del país”, dice el documento.
En caso de aprobarse la reforma legislativa, cada empresa elegirá los empleados y un coordinador responsable de la administración de esos estudios, sus procesos y resultados.
APOYO DEL TEC
El Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC) es el primero en apoyar el proyecto de ley y acordó enviar un documento a la Asamblea Legislativa que certifica la intención.
El documento del TEC además integrará una solicitud para revisar y reformar el Artículo 17 de la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que los superávits libres de las Universidades Estatales puedan ser utilizados en esta iniciativa y otras similares.
El propósito es que dichos fondos “se destinen a ampliar la oferta académica para atender las diferentes demandas de los territorios del país, por opciones para su desarrollo productivo y social, no solo a nivel de zona franca, sino también fortalecer los recintos actuales y crear nuevos con opciones académicas atinentes a las demandas de cada territorio”.
Según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) previos a la pandemia, el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica generaba 187.170 empleos, incluyendo empleos directos e indirectos, con un crecimiento promedio anual de 11%.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, las exoneraciones en impuestos a las utilidades de las empresas del Régimen de Zonas Francas alcanzaron más de ¢375 mil millones en 2019.