Las metas de seguridad ciudadana y justicia son poco realistas en relación con los avances en el cumplimiento de 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026 (PNDIP), asegura la Defensoría de los Habitantes.
Esta institución señaló que el Ministerio de Justicia y Paz debió solicitar una serie de cambios en dichas metas, por ejemplo, en la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas, así como para la construcción de delegaciones policiales.
El Gobierno incluyó en el PNDIP iniciativas que no fueron dotadas con recursos humanos necesarios, lo que ha causado el incumplimiento de las metas, de acuerdo con el ente defensor.
En uno de los puntos cuestionados la Defensoría alertó por el creciente número de homicidios en 2023 y 2024, ya que se espera que la cifra estimada por el PNDIP de 533 sea superada a finales de este año porque solo el año anterior se registraron 907 y hasta la fecha se contabilizan 532.
Debido a que Gerald Campos como ministro de Justicia y Paz es el encargado de seguridad ciudadana y justicia, señaló que la cifra de homicidios es un fenómeno que no solo compete al Gobierno.
“Las cifras de homicidios, reitero, es un fenómeno que va más allá de las acciones que el Poder Ejecutivo por sí solo pueda realizar, ya que se encuentran incluidos en el proceso los otros poderes del Estado, quienes tienen en su haber una serie de acciones que llegan a impactar de manera directa en la incidencia de muertes en el país”, dijo Campos en su respuesta a la Defensoría.
De igual manera, cuestionó la cantidad de personas que fueron juzgadas por las autoridades judiciales como responsables de los 907 homicidios reportados en 2023.
Por otra parte, señala que al asumir la rectoría de seguridad ciudadana y justicia, sin recibir mayores insumos a los que se entregaron en años anteriores, era difícil realizar los cambios requeridos para implementar el PNDIP. “Lo más grave aún es que trabajamos con un presupuesto ya aprobado por el anterior gobierno, notando en materia del sistema penitenciario y en seguridad un total abandono en estructura”, agregó.
Además indicó que la Asamblea Legislativa es la encargada de aprobar una serie de proyectos de ley presentados para combatir la ola de violencia que enfrenta el país, mientras cuestionó la mora judicial y la no aplicación de prisión preventiva para muchas personas detenidas.
“Recibimos un país con ocho años de atraso en tener una política pública en materia de seguridad y eso nos hizo como rectoría ajustar los esfuerzos para lograr la construcción de la política y presentarla al país, de una manera muy rápida por la urgencia ante los actos de criminalidad existentes”, comentó.
En relación con temas de infraestructura, la Defensoría señaló un retraso en la construcción de delegaciones policiales, a lo que el Ministerio de Justicia y Paz contestó que debió realizar cambios es la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para la construcción de dichas instalaciones.
Por este motivo los retrasos de 2023 se corregirían con un cronograma que permitiría para el segundo y tercer trimestre de 2024 iniciar la construcción de varias delegaciones, entre ellas las de Horquetas, Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas.
MENOS HOMICIDIOS
Ante los señalamientos de la Defensoría, Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, dijo que a cuatro meses de que la Política de Seguridad se puso en marcha el país registra una baja en los homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2023.
“Estamos experimentando una reducción importante en el número de homicidios. Llevamos en estos cuatro meses un total de 14 homicidios menos que en 2023 y sobre todo en la provincia de Limón, que son 18 menos”, expresó. De acuerdo con el funcionario, estas cifras demuestran que la Política de Seguridad está dando resultados para la contención de los homicidios a nivel nacional.
En lo que va de 2024 se registran 352 homicidios, mientras que para el mismo periodo del año anterior ascendían a 366, de acuerdo con los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).