Cada vez que surgen desgracias como las vividas por la niña-madre de Juan Viñas y su pequeña bebé, que está aún desaparecida, surge una serie de críticas a la institucionalidad y propuestas de cambios, la mayor de las veces improvisadas o emanadas al calor de los hechos.
Estas iniciativas casi siempre proponen aumentar las penas de los delitos en contra de la niñez y la adolescencia o castigar la negligencia de familiares o funcionarios a cargo de los casos, pero el fondo de la problemática se deja sin atender, según comentan los expertos.
Sin embargo, desde 2015 fue presentada una propuesta robusta y basada en investigaciones para mejorar el sistema de protección que brinda el Estado costarricense a las personas menores de edad.
Se trata de una extensa iniciativa, de más de 600 páginas, que fue presentada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional a dos periodos de la Asamblea Legislativa, así como en diferentes del Poder Ejecutivo.
DIARIO EXTRA conversó con Pablo Chaverri, coordinador del proyecto, quien explicó la forma en que considera podría prevenirse a la violencia a los niños, en lugar de castigarla. A continuación, les dejamos con parte de la conversación.
¿Qué se puede decir de un caso como el que conmueve al país en este momento?
-Lo primero que hay que decir al respecto es que los actos de violencia y de violencia aguda, es que sí discriminan, dependiendo de las características y condiciones de los niños y uno de los factores por los que discriminan tiene que ver con la condición socioeconómica y con el conjunto de factores de riesgo o protectores que viven las personas. En Costa Rica uno de cada tres niños vive condiciones de pobreza, lo cual arrastra un montón de vulnerabilidades y plantea una serie de amenazas en su entorno. Son entornos muy cargados de violencia, entornos muy cargados de estrés, entornos cargados de una mala salud mental. Entornos donde se da violencia contra la persona menor de edad.
¿Cuáles son esos factores?
-Los factores económicos, los factores de salud física, los factores de salud mental, los aspectos de relaciones familiares y otras variables de riesgo, como por ejemplo, el consumo de drogas y otras situaciones, como el desempleo o la informalidad y otras problemáticas que puede haber en el entorno de una persona. Cuando hablo de protección integral quiero decir que para que las personas puedan mejorar sus condiciones de desarrollo humano y social, se requiere abordar todas las variables y no solamente una. Por ejemplo, cuando se dice ‘bajemos la violencia’ generalmente las personas creen -y muchas veces los medios de comunicación lo fomentan- que todo se reduce a un tema de policías versus ladrones.
¿Están condenadas las personas que viven en estos entornos a vivir círculos de violencia?
-Entre más agudas y más gravosas han sido las amenazas y los factores de riesgo que han afectado la historia de vida de la persona, peor tiende a ser el comportamiento de esa persona. Digo esto de forma probabilística y no de forma determinista es decir que hay más probabilidades, no estoy diciendo que siempre sea así, sino que hay más o menos probabilidades dependiendo de esto. Podemos cambiar el entorno a las personas, la noticia es que sí hay varias investigaciones que han señalado que los entornos sociales, familiares, comunales de niños y niñas sí pueden ser cambiados, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo una investigación donde educamos a una muestra de familias durante 12 semanas en métodos de crianza positiva, es decir, crianza con disciplina, pero sin violencia.
¿Cómo funciona este tipo de disciplina?
-Disciplina y violencia no son lo mismo. Existen métodos probados que sirven para ayudar a mejorar el comportamiento de los niños sin necesidad de pegarles, gritarles, humillarlos, maltratarlos o insultarlos. A estas primeras familias las comparamos contra otro grupo que no llevaron esta capacitación de dos semanas y evaluamos alguna de las variables, una de ellas es el uso de la violencia contra los niños en la crianza y encontramos de forma muy interesante que las familias que recibían esta capacitación, con estas herramientas para mejorar la crianza, reducían significativamente el uso de la violencia entre el inicio y el final de esta capacitación.
¿Existe una forma de llevar estos cursos a todo el país?
-Necesitamos el contexto de un Sistema Nacional de Protección Integral que está creado en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero que en la práctica no funciona adecuadamente y esto significa que es una red de instituciones públicas y no gubernamentales que deben trabajar de forma articulada para producir el conjunto de programas proyectos y actividades que ayuden a las familias a mejorar la crianza y especialmente a las familias más vulnerables.
La mitad de los niños sufren violencia en sus hogares según la encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia.
-Empecé hablando por la familia, porque es el entorno principal y sí, tiene debilidades, hay que buscar como fortalecerlo. Hay evidencias de que la institucionalización, es decir, sacar al niño de su hogar, produce daños graves en los niños, a veces, más graves que mantenerlos en su familia; por esto debe ser el último recurso. Lo que necesitamos es que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral faciliten los procesos familiares y comunales para que el conjunto de condiciones que los chicos y chicas necesitan para desarrollarse estén ahí.
Me dice que es mejor prevenir que lamentar
-En esto hay dos visiones, la visión negativa de los derechos y la visión positiva. La que tiene más peso en nuestro entorno y a la que se le da más atención mediática y todo es la visión negativa, o sea, actuar cuando ya se violentaron los derechos, pero la visión positiva tiene mucho que decir porque se ha demostrado que si yo fomento los derechos tengo que crear condiciones para apoyarlos. La buena noticia, es que los programas basados en la familia sí funcionan. Hay evidencias científicas nacionales e internacionales que demuestra que la familia sí pueden mejorar y sí puede cambiar; y que cuando eso no es posible, existen recursos familiares alternos, pero siempre familiares.
Más allá de la familia, ¿qué elementos debe tener este sistema integral de protección?
– Lo primero que necesitamos es que las instituciones estén descentralizadas, es decir que estén lo más cercanas a la gente posible, y en Costa Rica, en nuestras instituciones, todavía son sumamente burocratizadas y sumamente centralizadas. Necesitamos que los sistemas operen adecuadamente y eso requiere que las instituciones trabajen en coordinación con las comunidades, por ejemplo, el Código de Niñez establece que toda Asociación de Desarrollo Comunal debe tener un comité de niñez y adolescencia y, según nuestro estudio, la amplísima mayoría no lo tiene nombrado y los que lo tienen nombrado no funcionan y los que funcionan, funcionan muchas veces incorrectamente.
¿Las familias necesitan de la ayuda de la comunidad?
-Yo soy papá, yo trabajo en esto, investigo en esto y te digo, hay días que no sé qué hacer y eso es normal. A veces necesito el consejo de otra persona, de un profesional y no alguien que me esté castigando y señalando, sino más bien alguien que me pueda dar orientaciones.
Usted nos dice que debe estar en las comunidades, cerca de las familias
-Dividimos las recomendaciones en tres niveles, el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional. Esas acciones que te acabo de decir son en el nivel, digamos, local, pero también hemos visto que el sistema no tiene el nivel regional y vos sabés que en Costa Rica hay diferencias importantes de una región a otra de una comunidad. Creemos que se debe de desarrollar ese nivel regional. Si volviéramos al caso de lo que pasó en Cartago, vemos que hay otros elementos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo con lo que es la prevención del abuso sexual y la prevención del embarazo adolescente.
No existen sistemas regionales de protección y a nivel nacional, ¿qué es lo que se puede hacer?
-Costa Rica formuló su última Política Nacional de Niñez en 2009 y venció en 2021; en este momento no tenemos una nueva política nacional. Debemos preguntarnos cuáles son las prioridades de Costa Rica en materia Niñez y Adolescencia, cuáles son las principales líneas estratégicas, cómo nos vamos a organizar todos los sectores en ese ámbito. Es muy importante que si queremos que situaciones como estas no se repitan, debemos tener claridad en cómo va a trabajar el ecosistema interinstitucional, a operar, a articular y a organizar sus esfuerzos.
¿Cómo se debe construir esa política?
-Para mí, debe ser lo que se conoce como políticas públicas basadas en evidencia y no en ocurrencias. Es decir, que las decisiones de los programas, acciones y respuestas institucionales no se pueden basar en los deseos de una persona con poder, deben basarse en investigación científica. Aquellas acciones que logran los mejores resultados, que no es lo mismo que las más populares en las redes sociales.
Ustedes hicieron propuesta en 2015 al respecto que no fue recibida.
-Se presentó al Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, se presentó a la Asamblea Legislativa de la administración 2014-2018, se presentó la Asamblea Legislativa de la administración 2018-2022 y en todas las ocasiones hasta nos felicitaron, pero a la hora de tomar decisiones, a muchos diputados no les gusta porque les da miedo todo lo que tiene que ver con crear mayor institucionalidad, hay un ambiente de animadversión a la inversión pública.