El proyecto de ley 24.345, presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, busca reducir las cargas sociales para los patronos, con lo que se aspira a promover el empleo formal.
Según dice el legislador, “en estos momentos, las cargas sociales y otros impuestos representan un 37% del salario y el 72% de ese monto lo cancelan las empresas”.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestran que las obligaciones patronales en el país son de las más altas entre los estados miembros.
“Este costo genera distorsiones en el mercado laboral, desestimula el empleo formal, dificulta la contratación y redunda en mayores niveles de desempleo”, aseguró Feinzaig.
Cambios propuestos
El cambio que traería la norma en caso de aprobarse sería la eliminación del aporte patronal del 0,25% del salario de sus colaboradores al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
De acuerdo con el diputado, ese aporte no está vinculado a beneficios directos y se utiliza para capitalizar a la entidad bancaria.
La propuesta establece también que los recursos aportados por los trabajadores, el 1% del salario y otro 0,25% aportado por los patronos, sean trasladados de inmediato a las operadoras de pensiones complementarias elegidas por ellos.
Actualmente, estos fondos pasan por el Popular durante un período de hasta 24 meses, lo que reduce la rentabilidad de las pensiones.
Críticas al proyecto
La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se manifestó en contra de la iniciativa de ley al asegurar que el 0,25% depositado a la entidad tiene el objetivo de dotar de fondos proyectos que son iniciativa de organizaciones laborales, sociales y productivas.
“Este esquema es fundamental para la sostenibilidad de nuestra Banca Social, que financia proyectos de gran relevancia para la comunidad, tales como vivienda social, fondos de avales, BP Bienestar, entre otros programas”, manifestó la presidenta de la agrupación Vivian Rodríguez.
A dicha Asamblea le cuestionan también proyectos de la legisladora liberacionista Monserrat Ruiz, que busca eximir de la obligación durante 10 años a las empresas dedicadas al cuido de personas y del socialcristiano Alejandro Pacheco, cuyo objetivo es que se destine ese 0,25% de los salarios al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.
