Proponen parques empresariales para desempleo

Atacar el desempleo mediante la creación de parques empresariales propone la Fundación Agencia Internacional de Reconstrucción con el apoyo de líderes comunales.
La idea sería iniciar en Puntarenas, provincia golpeada por el abandono y la miseria, según el presidente del Concejo Municipal, Víctor Brenes.
DIARIO EXTRA recibió a Brenes; Daniel Quesada, presidente de la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José; y Eddy Caudel e Isaac Solís, de la Fundación Agencia Internacional de Reconstrucción, quienes pretenden poner en marcha este proyecto.
De acuerdo con Brenes, este habría entregado el plan a la primera dama Claudia Dobles durante una visita que hizo a Puntarenas en compañía del presidente Carlos Alvarado.
No obstante, a la fecha no reciben respuesta. También se le presentó a Harys Regidor, presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), y se le envió al diputado Carlos Ricardo Benavides y al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
Se pretende iniciar por Chacarita, en Puntarenas, donde los impulsores detectaron 10 grandes barriadas.
El dinero para desarrollarlo saldría del Sistema de Banca para el Desarrollo. Lo que plantean es tomar ¢13.000 millones para una primera etapa. Los fondos existen y están bajo la sombrilla del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
“Visualizamos la necesidad de abrir parques empresariales comunales para resolver una problemática de falta de empleo. Es un modelo que calza bien con las asociaciones de desarrollo”, explicó Brenes.
Claudel añadió que dependiendo de las características de la comuna, así sería el giro de la actividad a desarrollar, ya sea en el sector industrial, agrícola o de servicios.
En todos los casos la propuesta consiste en que las comunidades a través de esos parques empresariales vendan bienes y servicios a las instituciones públicas, las cuales destinan ¢12 billones al año para adquirirlos del sector privado.
“Hay enormes partidas del Estado para la compra de mobiliario de oficina, textiles, vestuarios, útiles, materiales de limpieza, alimentos preparados frescos, compra de servicios, mantenimiento, alimentación y hospedaje, reparación de maquinaria, productores terminados, entre otros”, indicó Claudel.
El otro 50% de lo que produzcan se ofertaría a la empresa privada.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia son algunas de las entidades que podrían adquirir estos productos de las comunas, de acuerdo con sus impulsores.
Aseguran que el proyecto está listo para ejecutarse, solo requieren un empuje político.
“El Consejo de Desarrollo Rural del Pacífico acordó apoyar este esfuerzo. Estamos hablando de que se beneficiaría a Chacarita, Fray Casiano, El Roble, Monseñor Sanabria, Los Almendros, Carmen Lyra, Veinte de Setiembre, Santa Eduviges y muchas más”, expresó.
En algunas de estas barriadas radican las familias de pescadores artesanales que perdieron su trabajo cuando se suspendieran las licencias para pesca de camarón, pues dicha actividad también servía para emplear a mujeres jefas de hogar en la limpieza y la preparación del producto.
“Sería para aprender y trabajar ahí. Se pueden emitir 48 títulos en un año de diferentes actividades que se les irían enseñando. Estamos hablando de que 10 parques empresariales comunales podrían generar 2.500 empleos en la Gran Chacarita, donde habitan 150 mil personas en condiciones difíciles”, añadió Caudel.
El consultor cuestionó que parte del dinero de Banca para el Desarrollo esté invertido en bonos bancarios cuando podría usarse en las comunidades.
Si el proyecto diera resultados en Puntarenas podría implementarse en otros lugares de menor desarrollo, de acuerdo con sus proponentes.
Daniel Quesada, presidente de la Federación de Asociaciones de Desarrollo de San José, manifestó que parte del problema es que no se cumple la ley respecto a que el 2% de lo recaudado por impuesto sobre la renta se destine a organizaciones de desarrollo comunal, a pesar de lo que estipula la Sala IV.
Lo anterior hace que de los ¢34.000 millones anuales que les corresponde, solo lleguen ¢11.000 millones.