Proponen moratoria del IVA al sector construcción

La diputada independiente Ivonne Acuña presentó un proyecto de ley a la corriente legislativa que propone una moratoria de un año en el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) para el sector construcción del país.
La propuesta es un transitorio a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para impedir que entre en vigencia el cobro del IVA a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil.
Acuña insiste que la reactivación de este sector es imperativa para la recuperación económica y social del país.
Entre las ventajas de apalancar el despliegue de la industria construcción, tanto de obra pública como privada, se encuentran, según la diputada:
• Generar un número importante -miles- de puestos de trabajo.
• Brindar oportunidades de empleo de distinto tipo, pero especialmente mano de obra no calificada.
• Producir encadenamientos con otras actividades y servicios: alimentación, hospedaje, logística y transporte.
“He presentado este proyecto con la claridad de que el país requiere producir, generar empleo y oportunidades para las personas; porque los subsidios son temporales y el asistencialismo es insostenible y no saca a nadie de la pobreza”, manifestó Acuña.

FUERTE GOLPE

La crisis económica que ha producido la pandemia del Covid-19 impactó prácticamente todos los sectores del país.
Según datos aportados por la legisladora, tomados desde la Cámara Costarricense de la Construcción, esta industria, a marzo de 2020, acumuló 16 meses de variaciones negativas. En marzo, se presentó una reducción del 15,5% en el sector, por una reducción del 19,2% en la construcción de obra pública y un decrecimiento de 11,2% en la construcción privada. Impactos severamente negativos para el empleo en nuestro país.
La Cámara ha comunicado que para el 2020, se proyecta que el sector construcción va a mostrar un decrecimiento de -8,7%.
“Este resultado se daría por una desaceleración en la construcción de proyectos, principalmente por los efectos del Covid-19, sobre la economía nacional y los ingresos de los hogares y empresas”, agregó Acuña.

CÁMARA OPINA

Sobre la moratoria, desde la Cámara Costarricense de la Construcción consideran que es una buena iniciativa, ya que atiende al llamado reiterado del sector sobre la necesidad de medidas específicas para atender la crisis que viene afectando a la construcción desde diciembre del 2018 y que se ha visto profundizada a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
“La propuesta de la diputada Acuña viene a atender la alerta lanzada en días pasados por esta Cámara, referente a que el próximo 1° de julio los proyectos cubiertos por el Transitorio V de la Ley 9635, pasarán a pagar un 4% de IVA sobre los servicios de construcción, en medio de una situación país sumamente gravosa. Por esta razón, hemos señalado la necesidad de tomar medidas para ampliar la exoneración y además para permitir mejores condiciones tributarias para los nuevos proyectos, con el fin de evitar un golpe mayor en la actividad económica del país”, expusieron.
Añadieron: “Creemos que el texto presentado es perfectible y estamos dispuestos a apoyar a fin de realizar los ajustes necesarios para mejorarlo y que constituya una herramienta valiosa que impulse al sector y salir de la crisis, contribuyendo de esta manera a la reactivación de la economía nacional. De igual forma pregunta si la Cámara maneja datos sobre el impacto que ha tenido para el sector la pandemia del Covid-19”.    
Cabe señalar que, sobre el impacto en el sector, los datos del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) a marzo 2020, calculados por el BCCR y publicados el pasado miércoles 13 de abril, ya reflejan las primeras repercusiones económicas resultado de medidas tomadas para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus.  De acuerdo con el indicador señalado, a marzo la industria de la construcción acumuló dieciséis meses de variaciones negativas y específicamente durante ese mes se presentó una caída de 15,6% en el sector, producto de una reducción de 19,2% en la construcción con destino público y un decrecimiento 11,2%, en la construcción con destino privado.