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Un total de 12 diputados suscriben el expediente 25.057, una reforma a la Ley de Loterías que establecería penas de dos y hasta seis años de cárcel a organizaciones criminales que busquen comercializar lotería ilegal.
“El plan establece un marco normativo claro para enfrentar las operaciones ilegales, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al lavado de dinero y a prácticas de corrupción. Con esta ley se pretende cerrar las brechas que han permitido la proliferación de negocios ilegales, reforzando la capacidad reguladora del Estado en un sector especialmente vulnerable”, indicó la Junta de Protección Social (JPS).
El proyecto establece dos tipos de sanciones a quienes vendan o comercialicen loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, video loterías y juegos de azar en sus diversas modalidades sin autorización:
“Este proyecto busca cerrar el paso a la ilegalidad, ordenar el sector y fortalecer a la Junta de Protección Social como institución pública al servicio del bien común. Defender la legalidad en los juegos de azar es defender la solidaridad, la equidad y el impacto social que la JPS ha sostenido a lo largo de 180 años de historia. Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la buena administración de los recursos y el apoyo a programas sociales en beneficio de las poblaciones más vulnerables”, destacó Esmeralda Britton González, presidenta de la JPS.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez, quien respalda el proyecto, explicó la urgencia de aprobar esta legislación.
“La Junta de Protección Social es clave para financiar programas de ayuda social y salud. Pero hoy, más del 50% del mercado está en manos de productos ilegales. Este proyecto no solo combate ese flagelo, sino que protege a la ciudadanía y garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, afirmó Jiménez.
De igual manera, la diputada independiente, Gloria Navas, resaltó la relevancia de la iniciativa.
“La protección de los fondos públicos, el combate al crimen organizado y la garantía de un mercado regulado son esenciales para la seguridad y el bienestar del país. Esta ley responde a esas prioridades”, puntualizó Navas.
La iniciativa no solo fortalece las competencias legales de la JPS, sino que permite al Estado cerrar las puertas al juego ilegal y a las redes de lavado de dinero, mientras garantiza que los fondos de las loterías continúen financiando programas sociales de alto impacto en todo el país