Una propuesta impulsada por el Partido Frente Amplio (FA) pretende ponerle candado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Dicha dependencia está adscrita al Ministerio de la Presidencia de Costa Rica y Jorge Torres Carrillo es su actual jerarca, quien fungió como ministro de Seguridad en la Administración Chaves Robles.
La iniciativa, presentada bajo el expediente 24.094 e impulsada por Priscilla Vindas, diputada del FA, pretende disolver dicha institución y que todas las competencias pasen a manos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Adicionalmente, se propone que todos los recursos y bienes asignados a la DIS pasen al MSP y en cuanto al personal se establece que sea reasignado según las áreas de especialización y siempre que se cumpla con criterios técnicos y de idoneidad.
Todas las actividades en trámite a cargo de la Dirección deberán, según el proyecto, ser trasladadas y tramitadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con Seguridad Pública.
Por otra parte, los archivos y expedientes en poder de la DIS tendrían que ser entregados al MSP, el cual deberá remitir al Ministerio Público aquellos que impliquen investigaciones penales.
Los documentos declarados como secreto de Estado en poder de la DIS, quedarán en manos del MSP.
“(…) La DIS se ha usado para persecución política. Creemos que debe haber un mecanismo de inteligencia para toda la ciudadanía y no bajo un mando político como está actualmente”, sostiene la diputada.
ALTO PRESUPUESTO
De acuerdo con análisis presupuestarios, la DIS ha recibido en la última década más de ¢30 mil millones. Así, el dato oficial es de treinta mil novecientos setenta y siete millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho colones (¢30.977.813.627).
Distintos sectores acusan que nadie sabe cómo opera la DIS, ya que no cuenta con ningún control y, además, se ha utilizado por los gobiernos de turno para investigar opositores y adversarios políticos.
CUESTIONAMIENTOS
A todo lo anterior, se suman varios casos en donde ha estado involucrada la Dirección.
En 2007, en la coyuntura de la aprobación del Tratado de Libre Comercio se denunció que la DIS estaba investigando a personas que se encontraban en la tendencia del “No”.
Un año más tarde, el OIJ y el Ministerio Público abrieron una investigación en contra de un alto funcionario de esta institución que usó datos privados para extorsionar y amedrentar a los ciudadanos.
En ese momento, Francisco Dall\’Anasse, fiscal general, aseguró que la DIS era una policía política y no tenía justificación.
En diciembre de este año se denunció la utilización de la Dirección como una orden por parte de la Presidencia de la República para revisar, de manera obligatoria, los teléfonos y computadoras de los ministros y los funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de una posible fuga de información.
Sin embargo, la DIS no ha actuado a profundidad en otras instancias.
En 2016, Daniel Fowlie Brigs, presunto narcotraficante, ingresó a territorio nacional y la Dirección nunca se enteró de su presencia, pese a que, once años antes, la Dirección General de Migración y Extranjería prohibió su permanencia en Costa Rica.
Caso similar con un supuesto profesor colombiano que, presuntamente, era parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y no fue hasta después de una serie de allanamientos que la DIS se enteró que tenían datos, contactos con el grupo guerrillero y, además, $500 mil (¢260,820 mil millones) en unas bodegas.
PONERLE CANDADO
Distintas propuestas legislativas se han presentado para cerrar la DIS.
Proyecto de ley 17.266 del FA.
Proyecto de ley 17.345 de los Partidos Movimiento Libertario (ML), Liberación Nacional y Acción Ciudadana (PAC).
Proyecto de ley 17.993 del FA.
Proyecto de ley 19.125 del ML.
Proyecto de ley 19.330 del FA, PAC, ML y Partido Accesibilidad sin Exclusión.
Proyecto de ley 19.346 del PAC
Proyecto de ley 20.411 del ML.