
Las personas con deudas graves y sostenidas con la seguridad social podrían quedar excluidas de las candidaturas a cargos de elección popular, según prospera el proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25.386.
La iniciativa plantea que quienes mantengan obligaciones firmes y exigibles con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), superiores a diez salarios base (¢4.220.000) y sin un arreglo de pago vigente, no puedan ser postuladas para ejercer funciones públicas de representación y toma de decisiones.
La propuesta busca fortalecer la institucionalidad de la seguridad social y frenar la impunidad con la que grandes deudores evaden sus responsabilidades. De acuerdo con el planteamiento legislativo, permitir que personas con deudas significativas accedan a cargos públicos debilita el sistema solidario que sostiene la seguridad social.
“No queremos que haya más personas que de forma irresponsable se propongan a cargos donde lo que hacen es protegerse de cumplir con las obligaciones que toda la ciudadanía debe cumplir”, aseguró Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.
El texto propone reformar el artículo 148 del Código Electoral para incorporar esta restricción.
El proyecto fue elaborado por el despacho de la diputada Alfaro en conjunto con el Movimiento en Defensa de la Caja, que agrupa a organizaciones defensoras de la salud pública.
Para sus impulsores, la reforma pretende proteger un pilar esencial del bienestar social y reforzar la responsabilidad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. “Es un debate abierto a partir de la existencia de candidaturas que son grandes deudores de la CCSS, que no lo son por falta de recursos, sino por falta de compromiso con el principio de solidaridad”, justificó.
Esta medida se propone en medio de los fuertes cuestionamientos en contra de José Miguel Villalobos, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Alajuela,, quien de acuerdo con el sistema de la institución le debe a la Caja más de ¢315 millones.