
En un movimiento que pretende retomar el control del sistema penitenciario y optimizar el uso de los recursos públicos, el Ministerio de Justicia y Paz anunció una reforma al régimen de visitas conyugales en los centros penales del país.
Las nuevas medidas, que se implementarán de forma inmediata mediante un decreto ejecutivo, buscan erradicar abusos históricos y posibles redes de explotación que operaban bajo el amparo de la normativa anterior.
Una de las disposiciones anunciadas por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, es la prohibición total de las visitas íntimas entre personas privadas de libertad que se encuentren en diferentes centros penitenciarios. Hasta la fecha, el sistema permitía que reclusos de un centro fueran trasladados a otro para sostener encuentros con sus parejas sentimentales, lo que generaba un gasto operativo para el Estado.
Durante el anuncio, se detalló que el pueblo costarricense costeaba el traslado, el combustible, el uso de vehículos oficiales y el despliegue de agentes de la Policía Penitenciaria solo para facilitar estos encuentros.
“No vamos a permitir más traslados del Buen Pastor a otros centros penales”, enfatizó el ministro Aguilar.
El jerarca fue claro en que la logística de seguridad nacional no debe estar al servicio de las relaciones sentimentales de la población reclusa cuando esto implique movilizaciones entre recintos.
La segunda medida anunciada es la prohibición total para que personas civiles realicen visitas íntimas a más de un privado de libertad. Las autoridades detectaron irregularidades alarmantes mediante la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, identificando casos de personas externas que mantenían registros de visitas conyugales con múltiples reclusos.
Incluso, se citó el caso específico de una mujer que visitaba hasta a cuatro privados de libertad distintos para encuentros íntimos. Ante este panorama, la presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó la legitimidad de estos vínculos y sugirió que el sistema podría estar siendo utilizado para encubrir actividades ilícitas.
“¿Eso no será ya una red de prostitución?, porque no creo que usted sea tan salada de tener cuatro novios y que los cuatro estén tras las rejas; eso sería el colmo de los colmos”, manifestó la mandataria.
El endurecimiento de las reglas no solo afecta a los visitantes y reos, sino también al personal administrativo. El Ministerio de Justicia ordenó el inicio de causas disciplinarias contra los funcionarios y trabajadores sociales que avalaron y permitieron estos registros múltiples.
Según el ministro Aguilar, es responsabilidad de los trabajadores sociales certificar la existencia de un vínculo o relación formal antes de autorizar una visita íntima, por lo que el hallazgo de personas con hasta cuatro “parejas” en prisión evidencia una falla grave en la supervisión.
La reforma legal que sustenta estos cambios es un decreto ejecutivo que ya se encuentra en proceso de elaboración y que se espera sea firmado el próximo lunes. Esta medida forma parte de un plan mayor de ocho puntos que incluye la rotación de directores de centros penales, la sustitución de policías en áreas de máxima seguridad y la eliminación de televisores en las celdas.
