Agricultores de distintas zonas del país solicitaron al presidente de la República Rodrigo Chaves que haga algo para agilizar el pago de facturas pendientes por parte de las juntas de educación.
También demandaron al Poder Ejecutivo poner orden en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y en estas juntas, los cuales adeudan un total de ¢18.000 millones al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) administrado por el Consejo Nacional de Producción (CNP).
De acuerdo con la ley constitutiva de dicha institución, los entes públicos deben adquirir todo tipo de suministros con el CNP.
Y a pesar de que los agricultores cumplen y entregan los productos, cuando llega la hora de recibir el respectivo pago les postergan la cancelación del monto hasta por tres meses.
Incluso en setiembre de 2023 el Plenario Legislativo liberó las compras del CNP de la regla fiscal y, además, se le permitió utilizar sus ingresos propios para pagar a los productores afectados. Sin embargo, la plata no llega a los trabajadores del campo.
“El CNP tiene armonía y buenas relaciones, donde estamos teniendo problemas es en el mal manejo de los recursos cuando llegan a las juntas. Ellos deberían pagar y no lo hacen por rebeldía. Algunos hacen mala campaña sobre nuestros productos, dicen que están podridos, dicen que todo eso es mucho más caro. ¡Todo eso es una mentira!”, manifestó Ronulfo Barboza, productor hortícola de Puriscal y distribuidor del PAI.
“Hay deudas pendientes principalmente con las juntas de educación. Deudas millonarias, incalculables, conozco de una deuda que ya supera los ¢335 millones. ¡Tienen seis años de no pagar! Las juntas no tienen comunicación con nosotros. El PAI es el último nicho de mercado que tenemos. Si nos pagaran, tendríamos un nicho de mercado, tendríamos a todos los productores en el campo. (…) Nosotros tenemos un sistema transparente y la cadena de comercialización es más limpia”, mencionó Damián Elizondo, representante de una pyme familiar.
Por su parte, el frijolero Freddy Morera añadió: “Damos fe de que nuestros productos llegan de calidad a escuelas, colegios y hospitales (…). El agua nos pasó del pescuezo y quizás más de la nariz”.
Adicionalmente, señalan que la deuda acumulada ha generado serios inconvenientes para el funcionamiento y sostenibilidad del programa, así como para la operación agrícola a nivel nacional.
Dicha situación ha propiciado que muchas personas se sientan desincentivadas para ir al campo y abandonen la actividad. Además, los agricultores aseguran que medianos, grandes intermediarios y representantes de juntas están “tomando ventaja” en detrimento del productor local.
“El MEP no se puede lavar las manos, no es posible que no les den seguimiento a las platas. No se entiende que giren recursos y no pase nada. Dicen que nos quieren resolver en cinco años, pero ¿ya pa’ qué?”, consideró Yolkin Navarro, del sector cárnico.
Los agricultores plantearon al Ministerio de Hacienda y MEP que las juntas administrativas transfieran sus recursos a la Caja Única del Estado, pues esta medida permitiría un mejor control de la ejecución de partidas y trazabilidad de los recursos administrados por las juntas que deben ser redirigidos al campo.
“Solicitamos la acción conjunta del MEP y el CNP para implementar de manera generalizada este mecanismo de pago a través de la Caja Única del Estado. Esta solución no solo resulta efectiva, sino que también proporciona un mejor control por parte del MEP sobre los gastos realizados por los centros educativos del país.
Acudimos a su persona (Chaves) para lograr que un mecanismo que sea implementado lo antes posible, esto con el fin de lograr por parte de los suplidores su estabilidad financiera y el crecimiento del país”, concluyó Edson Rojas, dirigente del Comité Nacional del Programa de Abastecimiento Institucional (Conapai).