
La Procuraduría General de la República calificó como un acto de corrupción la solicitud que realizaron Celso Gamboa y Berenice Smith para que el nombre de Johnny Araya no apareciera en una causa judicial entre 2015 y 2016.
Aunque la Fiscalía General pidió absolver a los tres imputados, la Procuraduría se apartó de ese criterio, al considerar que existen elementos suficientes para demostrar que Araya resultó favorecido al ser excluido del expediente.
Federico Quesada, representante de la Procuraduría, afirmó que las gestiones impulsadas por Gamboa influyeron para que el exalcalde josefino obtuviera un beneficio político de cara a las elecciones municipales de 2016.
“Se hizo uso del contacto en la Fiscalía General para lograr ese beneficio”, indicó Quesada.
Por este motivo, señaló que este presunto acto de corrupción causó un daño social que cuantificó en ¢42 millones.
La cifra se distribuye en ¢15 millones para Gamboa y Smith, y ¢12 millones para Araya, como parte de la indemnización al Estado.
“En este caso, nos separamos del criterio de la Fiscalía, porque los hechos acusados constituyen actos de corrupción”, agregó.
Quesada sostuvo que el daño social contra el Estado es incuestionable, ya que las conductas denunciadas afectaron la imagen y credibilidad del Poder Judicial.
“Solicitamos que el tribunal se aparte del criterio de la Fiscalía, condene a los imputados en la vía penal y declare con lugar nuestra acción civil”, concluyó.
Hechos probables
• La fiscal Natalia Rojas fue citada por Celso Gamboa y Berenice Smith.
• Se le solicitó que el nombre de Johnny Araya no apareciera en una causa judicial.
• El nombre del exalcalde fue retirado del sistema de gestión judicial.
• Se emitió un certificado para demostrar que Araya no figuraba como imputado.
• Gamboa habría solicitado que la certificación se enviara al exalcalde para que pudiera comprobar que su nombre no estaba en la causa.
Fuente: Procuraduría