
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le remitió este martes al presidente Carlos Alvarado el informe en relación con la denuncia en contra del exministro de Comunicación Juan Carlos Mendoza.
A Mendoza se le investigaba por haber violado el deber de probidad.
Los hechos estaban relacionados con una partida de ¢8.750.000 millones asignada para el pago del servicio de monitoreo de noticias en Casa Presidencial.
La empresa a cargo, a la cual los diputados no le renovaron el contrato, era CEOS Comunicación Siglo XXI, que pertenece a los primos de Mendoza.
La denuncia ante la PEP la presentó el diputado liberacionista Gustavo Viales.
\”Esta empresa le ha vendido unos ¢113 millones al Estado y a Casa Presidencial ¢13 millones y lo curioso del caso es que es el propio ministro (hoy exministro) quien defiende ante los diputados esta contratación, diciendo que es necesario estos servicios para poder funcionar, a pesar de la gran cantidad de funcionarios que tiene esta institución”, había señalado Viales a DIARIO EXTRA en setiembre anterior cuando se dio la polémica.
\”Se envió Informe al Señor presidente de la República. Se brinda un plazo de tres días para solicitar adición o aclaración, y si bien se puede omitir esa gestión en ese plazo, lo cierto es que en definitiva la Procuraduría de la Ética Pública queda a la espera de lo que resuelva la persona u órgano competente\”, indicó el órgano procurador por medio de un correo electrónico.
Aclararon que el informe \”sigue siendo confidencial\”.
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