Procuraduría reclama más de ¢1.159 millones en caso “La Trocha”

Al menos ¢1.159 millones es el monto que reclama la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso judicial conocido como “La Trocha”, por los presuntos daños ocasionados al Estado costarricense durante la construcción de la ruta fronteriza 1856.

Las acciones civiles buscan el resarcimiento tanto del daño material como del daño social, y están dirigidas contra exfuncionarios públicos, representantes de empresas constructoras y sociedades anónimas que participaron en la ejecución del proyecto.

Durante la audiencia preliminar, algunas personas imputadas aceptaron medidas alternas, y una de ellas canceló el monto completo que le correspondía por responsabilidad civil, lo que permitió ajustar las pretensiones iniciales.

Sin embargo, el ente mantiene reclamos contra diversos grupos de solidaridad, integrados por personas físicas y jurídicas vinculadas a contrataciones irregulares y pagos indebidos, según lo indicado por la representante de la institución.

Inicia etapa de
prueba testimonial

Claudio Enrique Monge, exdiputado de la República por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en el período 2010 – 2014, fue presentado este miércoles por la Fiscalía como el primer testigo en el juicio del caso conocido como “La Trocha”.

Monge encabeza la extensa lista de testigos que la representación fiscal ha convocado como parte de la prueba testimonial. De acuerdo con el Ministerio Público, se prevé la participación de 109 testigos a lo largo del proceso.

Este juicio, uno de los más complejos tramitados en la justicia costarricense, cuenta incluso con una bodega judicial exclusiva en el edificio del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, destinada al resguardo de evidencias documentales y materiales.

Cabe destacar que los 13 imputados en el caso judicial conocido como “La Trocha” decidieron abstenerse de declarar ante el Tribunal, por recomendación de sus abogados defensores.

Durante la audiencia de este miércoles, los jueces encargados del debate oral identificaron formalmente a cada uno de los acusados y consultaron si deseaban rendir declaración. Uno a uno, los imputados indicaron que no lo harían.