Procuraduría reclama daño social por el caso “Gallo Tapado”
Respalda pena de 36 años de cárcel y retribución de ¢60 millones
La Procuraduría General de la República reclama un daño social por el robo millonario al Banco Nacional entre 2021 y 2023 por el caso conocido como “Gallo Tapado”.
El defensor del Estado señala que el imputado se aprovechó de su posición de funcionario bancario para causar un daño a la imagen no solo del banco, sino de la institucionalidad del país.
Así lo indicó el procurador Federico Quesada durante el desarrollo de las conclusiones, donde atacó directamente al sospechoso de apellido Olivas.
A diferencia de la querella del Banco Nacional, que se centra en el daño reputacional para competir en el mercado financiero, la Procuraduría fundamenta su reclamo en la afectación a la imagen del funcionario público y del Estado como custodio de los recursos de la ciudadanía.
El argumento central es que, al cometer delitos, los funcionarios actúan como “la cara del Estado”, por lo que sus acciones delictivas traicionan la representación que ostentan frente a la administración pública. “El deterioro de la imagen del banco refleja una pérdida de confianza de la colectividad en el resguardo de sus depósitos”, dijo.
Según la Procuraduría, este tipo de actos genera una pérdida de confianza colectiva, ya que la ciudadanía tiene el derecho de recibir servicios públicos eficientes y transparentes, un derecho que fue “trastocado” por las actuaciones del imputado.
El reclamo se basa en la transgresión al deber de probidad, señalando que la conducta de Olivas proyectó una imagen de corrupción que afecta a todo el gremio de funcionarios bancarios y estatales.
“Estas acciones delictivas contrariaron el orden público”, agregó.
Los hechos que sustentan esta demanda coinciden con la acusación de la Fiscalía, ya que se le atribuyen al imputado un total de 30 sustracciones de dinero realizadas entre el 27 de abril y el 26 de septiembre de 2023.
Esto derivó en lo que la Procuraduría califica como una afectación general a la “buena y decente gestión bancaria del Estado”, poniendo en evidencia el riesgo de los ahorros que la colectividad ha confiado a la institución.
Por este motivo respaldó la solicitud de la pena máxima de 36 años de cárcel contra el acusado y el pago de una compensación ¢60 millones.