La creación de un fideicomiso público para atender al sector cafetalero sería inconstitucional.
Así lo señaló la Procuraduría General de la República (PGR), quien determinó que dicha propuesta presenta “vicios de constitucionalidad”.
Esta propuesta la presentó Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), en agosto y plantea la “compra y readecuación de deudas existentes” con condiciones preferenciales en tasas, plazos y periodos de gracia de al menos cinco años. El fondo financiaría proyectos de inversión para aumentar la productividad.
“Cuando el fiduciario sea un banco del Estado, el contrato de fideicomiso no puede perder su naturaleza privada. Es un contrato comercial de naturaleza privada, regido por el Código de Comercio (…)”, indicó la PGR al revisar el plan.
Por otra parte, impone un “aporte obligatorio” a distintas entidades, lo cual tendría implicaciones contables en materia de utilidades que se obtengan al final del periodo fiscal.
Finalmente, la PGR cuestiona que el proyecto de ley busque nuevas exoneraciones y además recomienda dar audiencia al Ministerio de Hacienda para que se refiera al traslado de recursos públicos al fideicomiso, principalmente los superávits del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Aarón Chinchilla Carvajal
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