La Procuraduría de la Ética Pública, iniciará un proceso de investigación preliminar sobre los hechos sucedidos el pasado fin de semana, cuando funcionarios públicos, incluida la presidenta de la República, Laura Chinchilla, viajaron a Perú en el avión de una empresa petrolera. Sin embargo, la Procuraduría emitirá su criterio una vez finalizado el proceso, según confirmó ayer la oficina de prensa de esa institución.
El viaje de la mandataria a Perú ha sido el ultimo escándalo de esta administración y que ha generado una ola de chistes y enojo en las redes sociales.
Para muchos es extraño que Chinchilla acepte este tipo de regalos que en otros casos similares ha provocado todo un polvorín como el de la exdiputada Maureen Ballestero quien usó una avioneta del Ministerio de Seguridad para volar de San José a Liberia para participar en una reunión del Partido Liberación Nacional, acompañada de su su hija. En esa oportunidad dicho paseo casi le cuesta la curul.
Trascendió que la mandataria, su esposo, José María Rico, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el ministro de Comunicaciones, Francisco Chacón y la asistente presidencial Irene Pacheco, usaron un jet privado Cessna 525B, matrícula N93CW propiedad de la petrolera canadiense Thorneloe Energy, para asistir el domingo a la boda del hijo del vicepresidente Luis Liberman y realizar lunes una visita de cortesía al presidente peruano Ollanta Humala.
La jefa de fracción Carmen Muñoz y los diputados Gustavo Arias y Jorge Gamboa, del Partido Acción Ciudadana, enviaron una carta a la Procuraduría de la Ética solicitando que se investigue los alcances del viaje de la presidenta a la República, su ministra de Comercio, y el ministro de Comunicación, el fin de semana pasado.
Pero además, el 8 de febrero pasado esa misma empresa facilitó el transporte para que la mandataria, su ministro de Comunicación, Francisco Chacón y el canciller Enrique Castillo, asistieran al funeral de Hugo Chávez.
“En este marco”, indica la misiva enviada a la Procuraduría, “le solicitamos investigar y pronunciarse sobre los alcances de ese viaje. Además se investigue anteriores viajes de índole público con recursos privados”.
Con este viaje, la presidenta habría violado el artículo 139 de la Constitución Política, que ordena comunicar de previo a la Asamblea sobre salidas del país y sus motivos, así como la Ley de Enriquecimiento Ilícito por recibir una dádiva de parte de una empresa privada.
La gasolina y el pago de los pilotos corrió por cuenta de esa empresa que se presume asciende a ¢30 millones.