Privados de libertad serían obligados a trabajar
Se debe definir si es un salario o una retribución, según expertos
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La participación de empresas privadas resulta fundamental para que las personas privadas de libertad puedan trabajar dentro de los centros penitenciarios.
Así lo señalaron Carlos Montenegro, juez de ejecución de la pena, y Bryan Sandí, investigador criminal, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde se les solicitó criterio sobre un proyecto de ley que busca permitir el trabajo penitenciario.
Actualmente, existen dos propuestas legislativas que tienen como objetivo implementar el trabajo en cárceles como medio de resocialización para los reclusos.
“Ojalá se logre en su totalidad, pero al menos en la mayoría de los casos debe permitirse la intervención de empresas privadas oferentes de empleo en los centros penitenciarios”, afirmó Montenegro.
Sandí reconoció que conoce experiencias exitosas, como en la cárcel de Cocorí en Cartago, donde compañías han habilitado espacios de trabajo.
“Este proyecto tiene un aspecto muy positivo: involucra a la empresa privada. Sí existe voluntad para instalar bandas de producción no peligrosas y sin materiales de riesgo”, comentó.
Caso de éxito
Bryan Sandí indicó que uno de los casos más exitosos sobre trabajo con reos en centros penitenciarios es en la provincia de Cartago.
En el centro penal Jorge de Bravo se colocó una banda de producción donde los privados de libertad realizaban confecciones de carteras y billeteras de cuero.
“El dueño del de la fábrica de carteras y de billeteras, movió una banda de producción hacia el centro penal y dio la capacitación respectiva para que los privados de libertad pudieran confeccionar artículos de cuero”.
Esto fue corroborado por la legisladora Pilar Cisneros, quien indicó que en algún momento adquirió esos productos realizados por los privados de libertad.
Por otra parte, el experto criminal señaló que las empresas privadas están esperando se habiliten incentivos fiscales para dar trabajo a los reclusos.
Montenegro, aunque apoya la iniciativa, advirtió sobre posibles falencias en el expediente 24.614.
“Me preocupa la obligatoriedad del trabajo. El proyecto señala que no debe ser esclavizante y que debe existir libertad de elección, pero al mismo tiempo establece una obligación laboral”, explicó.
El juez advirtió que imponer el trabajo podría generar un roce constitucional, ya que actualmente los reclusos no están obligados a trabajar, sino que reciben incentivos laborales por realizar ciertas tareas, y no todos tienen acceso a estas oportunidades. El Ministerio de Justicia y Paz ha reconocido que el sistema penitenciario no tiene capacidad para ofrecer trabajo a todos los privados de libertad.
Sandí subrayó la importancia de establecer un reglamento carcelario en materia laboral, que defina aspectos como el salario, quiénes pueden trabajar y si la participación será voluntaria u obligatoria.
Bryan Sandí
Investigador criminal
“La aplicación correcta del artículo 50 del Código Penal ya sería un ganar – ganar, porque a ellos no solamente basta con darles el incentivo de la reducción de la pena, sino que requieren dinero para su subsistencia y la de sus familias”.
Gloria Navas
Diputada
“Desde el punto de vista laboral esto no se puede, eso es inconstitucional, no se puede obligar e imponer el trabajo tampoco. El mismo sistema está totalmente atado en este momento, no tienen los recursos.
Dinorah Barquero
Diputada
“Si el Estado se organiza es el mejor empleador, no solo la empresa privada, son infinidad de trabajos que se pueden realizar desde el sistema penitenciario. Pero los reos no trabajan porque es una cochinada lo que se les está pagando”.