El presupuesto extraordinario por ¢377 mil millones que incluye ¢150 mil millones para la entrega de subsidios a personas afectadas debido a la pandemia del COVID-19 por parte del Gobierno se dictaminará el próximo lunes en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
Así lo indicó este viernes la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, quien preside dicha comisión. El lunes es el último día hábil que tienen los legisladores para aprobar el proyecto en la comisión, según el reglamento especial que se aprobó para esta instancia.
Delgado explicó que hace falta la presentación del reglamento por aplicar para la selección de beneficiados, pues fue un requisito que solicitaron los legisladores.
“Desde el primer momento pedimos ese reglamento donde debe quedar muy claro todos los mecanismos y criterios que ellos van a definir para poder establecer el orden de atención de los beneficiarios, por eso estamos incorporando mecanismos de fiscalización interna para que se realicen los estudios necesarios que verifiquen de forma detallada la entrega”, indicó.
La verdiblanca enfatizó que el reglamento debe tener la misma disposición en cuanto a los lineamientos del presupuesto y de las observaciones de la Contraloría, así como de otras instituciones.
Por ejemplo, una de las aclaraciones es que en un principio se quiso incluir dentro de los beneficiarios a 50 mil familias que ya el IMAS tenía en el radar desde hace año y medio, pero que no son afectados directos por la emergencia sanitaria.
Es decir, las ayudas a esas familias son tarea ordinaria del IMAS y no se les puede mezclar con el llamado “Bono Proteger”.
FISCALIZACIÓN
La plata que el Gobierno entregará en primera instancia a 400 mil familias con este bono será fiscalizada tanto por auditorías internas como por la Contraloría General de la República, regulación que quedará explícita en mociones dentro del proyecto del presupuesto extraordinario.
De igual forma el frenteamplista José María Villalta dijo que quieren ver en la práctica cómo va a funcionar el reglamento ya que es algo inédito en el país.
“Inquieta cómo van a atender a todas las personas trabajadoras que se quedaron sin empleo, la página está saturada de solicitudes y no está claro cómo hace el Ministerio de Trabajo para filtrarlas y analizarlas todas”, se cuestionó Villalta.
No obstante, el legislador subrayó que, si bien hay mucha desconfianza en el Gobierno, es preferible que se den “algunas filtraciones” a dejar por fuera a mucha gente necesitada, ya que ningún sistema será perfecto.
Este viernes el Gobierno informó que las solicitudes que llegan por medio de la página web ya suman 389.536 personas, de las cuales 245.800 ya fueron notificadas y entraron a una etapa de análisis de la información.
El IMAS y Mideplan no obstante empezarán este mismo fin de semana a entregar subsidios a poco más de 33 mil personas, los cuales provienen de una desviación de recursos de las instituciones por ¢16 mil millones.
Una vez el presupuesto extraordinario sea aprobado en comisión, el Plenario tendría tres días hábiles para dar la aprobación final.