Presupuesto 2027 avanza con recortes a universidades y programas sociales

Los recortes a las universidades públicas, los cambios en el financiamiento de programas sociales y el congelamiento de recursos del Poder Judicial marcaron la discusión del Presupuesto Nacional de 2027, que avanzó al plenario legislativo tras recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Una de las decisiones más relevantes fue trasladar ¢8.048 millones de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al pago de contribuciones patronales pendientes con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

La moción se aprobó en una segunda votación, después de que la diputada oficialista Kattia Ulate votara inicialmente en contra por error.

“El hecho de que se les esté adeudando a nuestras maestras pensionadas no es una justificación para meterle tijera a los estudiantes y quitarles la posibilidad de acceder a una educación de calidad en Costa Rica. Ninguna de esas obligaciones debería estar contrapuesta”, cuestionó Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio.

La moción recibió el respaldo de los seis diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO). Nogui Acosta, jefe de esa bancada, defendió la transferencia como una forma de atender las obligaciones con el magisterio. En setiembre de 2026, la deuda del Ministerio de Educación Pública con Jupema ascendía a ¢75.000 millones.

Otra moción aprobada redistribuye ¢250.069 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

La propuesta rebaja ¢56.474 millones a Cen-Cinai, ¢159.369 millones a la transferencia para atender a personas indigentes, ¢33.314 millones a vivienda y ¢911 millones al programa de prestación alimentaria y la Red de Cuido Infantil.

Los recursos se dirigen, entre otros destinos, a las pensiones del Régimen No Contributivo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), las becas Avancemos y los comedores estudiantiles.

“Se nos está haciendo frecuente desvestir un santo para vestir otro. Sinceramente, lo que estamos haciendo es trasladar la precariedad de un sector vulnerable a otro sector vulnerable. Esto no demuestra más que una mala planificación en la asignación de los recursos en este presupuesto 2027”, manifestó Diana Murillo, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Nogui Acosta argumentó que la distribución de los recursos de Fodesaf responde a disposiciones legales y que las partidas disponibles son limitadas. También defendió el traslado al señalar que el dinero disponible no alcanza para cubrir todas las obligaciones sociales.

“La distribución data de la época en que se construyó la ley. En el 2009 se hizo una reforma y no se hizo una redistribución de los recursos. Las necesidades están reflejadas en esta moción, que va a permitir que podamos cubrir lo que necesitan estos programas sociales”, explicó Acosta.

Limitantes al Poder Judicial

El presupuesto también mantiene una norma que condiciona el uso de ¢29.843 millones del Poder Judicial a la presentación de estados financieros auditados de un fideicomiso inmobiliario, certificaciones de cumplimiento de disposiciones de auditoría y aprobaciones legislativas.

El monto equivale al 5,6% del presupuesto judicial previsto para 2027. La mayoría oficialista rechazó eliminar esa restricción, pese a las mociones presentadas por la oposición.

“Un control legítimo exige correspondencia directa entre el riesgo que se quiere atender y la partida que se condiciona. Aquí no la hay, lo que existe es una sanción anticipada sin debido proceso que cae sobre quien nada tiene que ver con el hecho. La decisión es política y no técnica”, cuestionó Ángela Aguilar, diputada del PLN.

La oposición anunció que llevará las normas de ejecución presupuestaria a la Sala Constitucional. Aguilar y la diputada del Frente Amplio María Eugenia Román señalaron posibles efectos sobre el funcionamiento de los tribunales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público. Entre las preocupaciones expuestas figuran las restricciones para adquirir equipos, mantener oficinas y sostener servicios tecnológicos.

También se mantuvieron normas de ejecución que obligan al Poder Judicial a tramitar un presupuesto extraordinario para trasladar recursos entre subpartidas y establecen requisitos para nombrar personal en más de 2.000 plazas vacantes.

Claudia Dobles, legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), también criticó la distribución de los recursos y sostuvo que las reducciones presupuestarias afectan la educación pública, los programas de cuido y las instituciones de seguridad.

“Si no invertimos en educación, si no apostamos por el desarrollo del talento humano de nuestros compatriotas, no habrá infraestructura carcelaria que pueda contener el nivel de exclusión, la falta de oportunidades y las brechas sociales que vamos a generar”, afirmó Dobles.

Al cierre de edición, los diputados votaron 22 mociones que modificaban el Presupuesto Nacional de 2027. El proyecto quedó con más de 100 mociones pendientes de conocer que, al no ser sometidas a votación, se dan por rechazadas.

El presupuesto dictaminado asciende a ¢12,4 billones y continuará su trámite en el plenario legislativo, donde deberá discutirse y votarse antes de que finalice noviembre.