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El Juzgado Penal de Corredores dictó 6 meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Beita y suspendió de cargo público a otro hombre de apellido Romero.
A estos sospechosos se les investiga por los presuntos delitos de extorsión cobratoria, legitimación de capitales y actividades con armas prohibidas.
Además, a Romero se le prohibió acercarse a 100 metros del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y molestar, perturbar o agredir a las otras partes del proceso.
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La investigación que da con la detención de estos sospechosos inició en setiembre del 2024, cuando en apariencia una víctima poseía una propiedad que había sido dada en concesión por el INDER.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la ofendida solicitó crédito informal y se habría atrasado en uno de los pagos.
Debido a esto, la afectada estaba siendo extorsionada y obligada a ceder la propiedad a la persona que le realizó el crédito.
El funcionario, ahora suspendido, presuntamente estaba colaborando con el otro sospechoso para que la propiedad quedara a su nombre.