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El mandatario Carlos Alvarado Quesada y su gobierno planeaban que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiara la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Así lo reconoció Casa Presidencial en atención a una consulta de DIARIO EXTRA.
Ese era uno de los motivos por los cuales el decreto que daba figura jurídica a la UPAD fue declarado de interés público.
En el gobierno también buscaban plata del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF).
De hecho, actualmente sigue pendiente la aprobación legislativa de un crédito por $500 millones de la CAF a Costa Rica para refinanciar deuda.
En cuanto al BID, hay que señalar que la Asamblea aprobó en setiembre del año pasado un préstamo por $350 millones que se destinan para mejorar el marco institucional macrofiscal.
PLAN
Para el abogado penalista Juan Diego Castro, uno de los denunciantes en contra de la UPAD, la confirmación de la Presidencia deja claro un plan que se estaba cocinando al margen de la ley.
“En ese decreto, que es mucho más grave de lo que yo sabía cuando redacté la denuncia, había detalles que me sorprendían mucho. Uno era la declaración de interés nacional, que eso le permitía al gobierno no solo obtener toda la información confidencial que ellos solicitaran, sino recursos”.
Añadió: “Esto que el gobierno confirma sobre la CAF es más grave porque reconocen que estaban pensando en buscar recursos de Suramérica y del BID para montar la unidad de espionaje”.
CASO UPAD
La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno Central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.
Tras tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.
Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio acompañada de 50 oficiales del OIJ, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial.
Decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.
Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica.