En el marco de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya, Rodrigo Chaves, presidente de la República, manifestó que se debería analizar una nueva Constitución Política, con el objetivo de recuperar al país y las instituciones, como la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Según el mandatario, la nueva Carta Magna debería de garantizar que las instituciones obstruyan el desarrollo de Costa Rica.
“¿Quiere decir que los costarricense no podríamos cambiar la Constitución?, ¿la de 1949? Siempre debe haber un plan B, porque la democracia es un organismo vivo que tiene que adaptarse a la evolución y los cambios en el tiempo. Ya es hora de que aboguemos por una Constitución nueva, pero eso no se puede hacer si no tiene la aprobación de 38 diputados”, sentenció.
ARREMETE
Su propuesta fue acompañada con nuevos ataques contra la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Tanto en el Concejo Municipal como en el Consejo de Gobierno, los ejes principales del discurso del mandatario fueron: la importancia de la denominada Ley Jaguar, cuestionamientos contra la institucionalidad y críticas contra el Congreso por frenar el desarrollo del país.
“(…). Nos encontramos en un momento en que tenemos que tomar decisiones sobre nuestro camino, por eso hay quienes le tienen temor a la Ley Jaguar. Hay quienes quieren apagar con gritos insolentes la voz del pueblo, temen al soberano (…).
Hay gente que está muy asustada de ese momento político, tienen miedo, asustan, tratan de crear temor en la población (…). Este pueblo está listo para actuar, está esperando cuáles van a ser las acciones de los Poderes de la República, del Congreso y del Poder Judicial para responder”, señaló.
¿PLAN B?
DIARIO EXTRA le consultó a Chaves cuáles acciones tomaría en caso de que los magistrados determinaran que la Ley Jaguar es inconstitucional, a lo que contestó que primero esperaría ver cuál es la reacción de la población y después tendría un plan B, sin embargo, no dio mayores detalles sobre el tema.
El posicionamiento del mandatario se da a pocos días de que la Sala IV determinara si el referéndum es viable o, en su defecto, si cuenta con vicios de constitucionalidad.
“Este país le pertenece a un pueblo, no a quienes capturaron a las instituciones y se escudan en la palabra institucionalidad (…). Don Orlando (Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia) no podemos arriesgar al país con algo como lo que pasó en 1948 (guerra civil)”, mencionó.
El presidente aseguró que no está en campaña para impulsar la Ley Jaguar a pesar de tener un peluche del animal en su podio, poner a cantar y dar aplausos a los guanacastecos cuando hacía referencias a la propuesta.
“(…). Aquí nadie quiere cerrar la Contraloría y nadie está promoviendo cosas inconstitucionales o contrarias a las buenas prácticas del uso de los fondos públicos. La Ley Jaguar viene a fortalecer a la Contraloría.
No crean las mentiras y las cosas falsas que muchos dicen porque no tienen el amor en su corazón por esta patria, no se le quita una sola competencia constitucional a la Contraloría. Queremos que la Contraloría trabaje en lo que le toca, ¡no se vale que siga siendo juez y parte!, ¡no se vale que por sus interpretaciones no se pueda construir en este país! ¡Basta de la coadministración!, ¡ocupamos que nos dejen trabajar! (…)”, sostuvo Laura Fernández, ministra de la Presidencia.
El tema electoral tampoco estuvo alejado de la gira. Mauricio Batalla, ministro de Transportes, indicó que el Gobierno está trabajando arduamente por las comunidades y hay diputados que van a las comunidades a “hablar paja” porque no quieren que el Ejecutivo recupere en 4 años lo que ellos dejaron destruir en 30.
“Tal vez en 4 años no les podamos devolver todo lo que les han quitado, pero quizá en 8 o en 12, sí, ¡ahí se las dejo!”, manifestó el ministro haciendo alusión clara a sostener un proyecto político.
Incluso, el mandatario puntualizó que, en 2026, la mayoría de la Asamblea Legislativa debería ser afín a las decisiones de Zapote.