“No me corresponde a mí”, “No recuerdo bien”, “No sabría decir” y “No soy experto” fueron algunas de las frases que el presidente Carlos Alvarado usó cuando no pudo dar una respuesta clara a los cuestionamientos en torno a su participación en la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El mandatario prefirió esquivar las consultas y cuestionamientos que no pudo contestar, buscó otro camino para evadir e incluso comenzó a cuestionar a los legisladores cuando le acorralaron con algunas preguntas.
Alvarado mantuvo en un discurso la tesis de defender los fines de la UPAD, a pesar de que los medios para llegar a ese fin pudieron pasar por encima de la ley y la Constitución Política, como se lo señalaron en varias ocasiones los diputados de oposición y se demostró por ejemplo en el decreto presidencial.
El presidente asistió a una comparecencia que quedará en la historia del plenario, donde respondió el llamado de la comisión legislativa, aunque para él su presencia es inconstitucional.
SE LAVA LAS MANOS
Alvarado se lavó las manos en torno a que él no pedía la información para la UPAD, sino que para eso sus ahora exasesores tenían orden de buscar y procesar los datos, a fin de “generar conocimiento y mejorar políticas públicas”.
Insistió en que no se husmeó o espió a nadie, pero no pudo explicar por qué uno de sus asesores más cercanos, Santiago Álvarez, pidió, a nombre de él, la lista de aprehendidos de la Fuerza Pública de 2019 con datos sensibles como el nombre, número de cédula, hecho y lugar de detención.
“Vengo aquí con paz en mi corazón para decir que lo que se hizo fue por el bien superior del país. Ni uno solo de los 5 millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se realizaron”, enfatizó.
En las consultas que respondió de los congresistas, Alvarado reconoció que él pidió la conformación del equipo que trabajó en la recolección y procesamiento de datos, pero nunca participó en las solicitudes de información.
Cuando se le cuestionó si leyó el decreto presidencial que buscaba dar legalidad a la UPAD antes de firmarlo admitió que no lo hizo y quiso justificar que él confía en sus asesores.
Tampoco pudo explicar por qué dicho decreto no pasó por el Departamento Legal de Leyes y Decretos, y su confección y trámite se hizo por medio de una estructura paralela de asesores legales que Alvarado mantiene y se denomina Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP).
“Desconozco eso”, afirmó, a pesar de que el jefe de Leyes y Decretos de Presidencia confirmó este proceder en una audiencia anterior.
Insistió en que a su entender el decreto no es ilegal, a pesar de los criterios en contra de la Procuraduría General de la República y del Colegio de Abogados, aunque reconoció que el artículo 7, donde se solicitaba a las instituciones públicas la información confidencial de las personas, pudo tener “una mejor redacción” y lo calificó como un “pequeño error de redacción”.
DESVIAR LA ATENCIÓN
Alvarado pidió no satanizar el uso de la ciencia de datos como herramienta de política pública, pero no pudo responder dónde está toda la información que se recolectó ni dar detalles de si se aplicaron los protocolos mínimos para resguardar esos datos.
La liberacionista Ana Lucía Delgado, miembro de ese foro legislativo, le advirtió no desviar la atención con el tema de la ciencia de datos y que una “intención de buena fe no exime los actos ilegales”.
Invitó al mandatario a informarse de las irregularidades que se especifican en el informe que la comisión ha trabajado por un año y que suma 19 mil folios, después de 17 comparecencias.
JUICIO POLÍTICO
El socialcristiano Pedro Muñoz calificó la audiencia como un juicio político, lo que molestó a las diputadas del PAC, que insistieron en que esa figura no existe.
Muñoz recordó que esa afirmación en relación con el accionar de una comisión legislativa incluso fue señalada en una resolución de la Sala Constitucional.
\”Podría decirse que el Poder Legislativo realiza, entonces, una suerte de juzgamiento político\”, dice la Sala Constitucional en relación con la labor de las comisiones legislativas investigativas. Fallo 592-99.
El rojiazul cuestionó al presidente por qué creó la UPAD si ya en el país existe el Sistema de Estadística Nacional con la labor que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
No pudo responder si los datos que llegaban a Casa Presidencial, eran sensibles o si existía la autorización para obtenerlos, como se demostró que Casa Presidencial tuvo acceso, sin consentimiento, a los datos sensibles y confidenciales del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que se obtienen mediante la Ficha de Información Social (FIS).
Alvarado insistió en que no hubo una “mala intención” en acceder a esa información.
“El objetivo central está en los fines, fines de esa información que es riquísima y que día a día desperdiciamos. Costa Rica recaba información valiosísima, pero no hay un mecanismo de coordinación nacional de esa información”, respondió.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Tras la audiencia, los legisladores miembros de la Comisión de la UPAD explicaron que se deberá presentar un informe final que podría estar listo en un mes.
DUDAS TRAS LA AUDIENCIA
DATOS SENSIBLES
La liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de la UPAD, cuestionó al presidente sobre la solicitud verbal que su asesor Santiago Álvarez le hizo al ministro de Seguridad, Michael Soto, para obtener la lista de aprehendidos por la Fuerza Pública de 2019, que incluyó el nombre, cédula, hecho y lugar de detención.
Hernández le insistió si el asesor Álvarez podía hablar en su nombre para pedir dicha información, pero el mandatario no dio respuesta clara. Insistió en que la orden era mejorar políticas en materia de prevención y hacinamiento carcelario. La verdiblanca le recordó que es importante resguardar los medios para que llegar a esos fines no sea ilegal.
FIRMÓ SIN LEER
En el intercambio que tuvo con José María Villalta, diputado del Frente Amplio, este le preguntó si leyó el decreto presidencial ilegal antes de firmarlo, a lo que respondió que no. Solo constató que contenía las firmas de los ministros y luego estampó la suya. Agregó que él no es experto en materia legal ni en temas de datos, por lo que no podía saberlo. “Partí de la confianza del proceso previo antes de mi firma”, indicó. Villalta le recordó que “una cosa es ser experto y otra cosa es leer lo que se firma”, pero Alvarado le respondió que es humanamente imposible leer todo lo que se va a firmar, como los 5.200 documentos que ha firmado.
NO SABE DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN
Alvarado ante la consulta del diputado Pedro Muñoz reconoció que no sabe dónde está la información que recabó la UPAD. “Desconozco, no tengo el expertise técnico para saber cómo se manejaba, y entiendo que está en la Fiscalía bajo resguardo”, respondió.
El mandatario cree o supone que la Fiscalía procedió a llevarse la información, pero dijo que no o puede asegurarlo. Tampoco pudo responder si los datos estaban en las computadoras de los exasesores de Casa Presidencial. “No era de mi competencia”, agregó.
NOTA EXTRA
El intercambio que tuvo el diputado Dragos Dolanescu con el Presidente Alvarado en la audiencia de la Comisión UPAD, donde el legislador reveló la clave del teléfono celular del mandatario que fue secuestrado por la Fiscalía en el allanamiento que se hizo en Casa Presidencial el 28 de febrero del 2020, llevó a que el Ministerio Público abra una investigación. “La Fiscalía General solicitó esta tarde al director del Organismo de Investigación Judicial, que inicie de forma inmediata una investigación penal, a efectos de determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al señor diputado información privada del expediente”.