Pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se comprometió con los taxistas a analizar el cese del funcionamiento de Uber en el próximo Consejo de Gobierno, este miércoles el presidente Carlos Alvarado adelantó criterio.
Alvarado dijo tras la consulta de la prensa que, si bien respetan la legislación actual sobre el transporte remunerado de personas, son conscientes no solo de la necesidad de reformar la ley, sino que es imposible bloquear la aplicación.
“Todos entendemos que desde un punto de vista técnico y desde el punto de vista material eso no es algo que se puede ejecutar porque hay una imposibilidad material técnica para hacer eso (el bloqueo de Uber)”, aseguró.
Con la respuesta de Alvarado y las conclusiones del MOPT todo parece indicar que la balanza se inclina a favor de actualizar la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas (3.503), con el objetivo de que aplicaciones como Uber dejen de estar al margen de la normativa.
“El Gobierno da un mensaje que es contundente, pero en el fondo de lo que dice está la raíz del problema y la solución. Se debe respetar la ley vigente y eso es lo que nos ordenan como Gobierno, pero también hay que cambiar la ley porque ya no responde a una realidad y un contexto”, enfatizó Alvarado.
Añadió que como Ejecutivo lo que procede es iniciar un proceso donde deben primar tres ejes: diálogo, paz social y construcción de acuerdos.
“El Gobierno respalda que se abra un proceso de diálogo, de entendimiento y en este caso (tanto) con taxistas, como con otras partes, (para) que haya un entendimiento de diálogo para modificar una ley que no está respondiendo a una realidad, y eso es lo que se está respondiendo”, precisó.
Sobre el plazo para iniciar con la modificación de la ley, que actualmente provoca que modelos como el de dicha empresa internacional sean ilegales, afirmó que el punto debe determinarse con los distintos actores.
“En el mismo acuerdo dice plazos a acordar, si estamos hablando de leyes, los plazos no dependen exclusivamente del Gobierno de la República, y además no es el Gobierno de forma unilateral el que establece un plazo”, indicó.
Alvarado hizo énfasis en que la idea de empezar un proceso de reforma a la ley se justifica también en los cientos de familias que viven de los servicios remunerados de transporte, así como los miles de costarricenses que los usan.
CIERRE DE EMPRESA
Tras las declaraciones del mandatario, Rubén Vargas, de la Unión de Taxistas Costarricenses, dijo que si bien no comparten, respetan esa postura. Además le solicitan al Gobierno que se comunique con Uber para informarle que deje de operar.
“Nosotros no le estamos solicitando al Presidente que coja una segueta y que corte los cables, nosotros lo que estamos pidiendo respetuosamente es ordenarle a la empresa Uber, que de acuerdo a las leyes que nos rigen para que cesen sus actividades ilegales en el país”, dijo.
Países como Dinamarca (en marzo del 2018), Argentina (en febrero de 2018) o Bulgaria (en setiembre 2015) procedieron a sacar las operaciones de esta compañía, tal como lo piden los taxistas en suelo nacional.