Todos los actores políticos, y, muy especialmente aquellos que obtuvimos la confianza del voto para representar a la ciudadanía, tenemos la obligación de cumplir con la Constitución Política y con la ley.
El poder que nos ha sido otorgado, de forma temporal, debe ser utilizado con una gran contención, de forma responsable y siempre teniendo presente el bienestar de las y los habitantes de la República.
Esto implica respetar de forma absoluta la independencia de poderes y las decisiones tomadas de forma legítima por las instituciones competentes, aun cuando no sean de nuestro agrado.
Lo contrario sería caer en el autoritarismo, en el abuso del poder, en la utilización de las instituciones para beneficio propio y no de la colectividad. Algo que estoy convencido ningún jerarca de nuestro Estado desea, pues confío en la vocación democrática de quienes estamos al frente de los Poderes de la República.
La Constitución Política es la norma suprema que nos rige, y la voluntad política debe subordinarse a ella.
Por ello, hago un llamado a que todas las autoridades seamos respetuosas de los procedimientos establecidos que han hecho de nuestra democracia un ejemplo en el mundo.
El respeto a la independencia de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, hoy y siempre, es el respeto al Estado de Derecho.
Fortalezcamos ese Estado de Derecho en vez de debilitarlo. Fortalezcamos la vida republicana, utilicemos el lenguaje prudente de la razón y de la Constitución. Evitemos el conflicto, las posturas autoritarias y enfoquémonos en resolver los grandes problemas que tenemos: la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico, el alto costo de la vida, entre otros. Con diálogo, con respeto y con buena voluntad, a pesar de nuestras diferencias políticas, podemos sacar adelante a Costa Rica.
*Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado PLN