A pesar de la crisis fiscal que golpea las arcas del Estado y a la difícil situación de las empresas y hogares costarricenses, el presidente Carlos Alvarado salió este lunes en defensa de las convenciones colectivas, en específico de la que está en negociación en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Alvarado defendió la nueva convención al alegar que es menos abusiva que la actual.
“La convención colectiva de Recope no es un hecho consolidado. Aún es un proceso que está en negociación. El reporte que yo tengo de ese proceso es que los costos para los costarricenses de la convención se han reducido”, acuerpó el mandatario en una atención a la prensa en el marco del inicio del curso lectivo.
Continuó: “Pero eso no es un hecho jurídico consolidado porque tiene que ir al Ministerio de Trabajo y es esa institución la que tiene que garantizar, antes de homologar la convección, que todo lo que esté ahí, esté acorde con ley y si hay algo que no está acorde con la ley, por ejemplo, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, eso no tiene validez”.
El gobernante añadió: “Entonces estamos a la espera de esos resultados, una vez que esté el documento que se envía al Ministerio de Trabajo. Ese documento es público para el acceso de todas las personas y yo espero que sea muy pronto. También espero que esa convención lo que haga sea reducir costos y reducir cosas que sean abusivas”.
Alvarado dejó entrever que desde que el Partido Acción Ciudadana (PAC) llegó al poder los privilegios de empleados públicos se han reducido.
“Durante los últimos seis años las negociaciones de convenciones colectivas lo que han hecho ha sido reducir costos, no aumentarlos. Toda la historia previa de convenciones colectivas fue de aumento, y desde hace 6 años ha sido de recorte y esperamos consolidar esta ruta también en esta esta ocasión. De todas cuentas, hay formas de atajar errores”, adujo.
¿ABUSOS?
Tal como lo denunció DIARIO EXTRA en su edición del 3 de febrero, parece que Alvarado minimiza lo que podría señalarse como ciertos abusos.
Basta con recordar que la nueva convención establece el pago de servicios de cuido infantil, atención con el ginecólogo y pago de gastos funerales de sus trabajadores.
Lo anterior en medio de la crisis económica y políticas de austeridad que enfrenta el país.
En específico, la nueva convención en su artículo 86 menciona que se daría un subsidio que ayudará al pago del cuido de los hijos de los colaboradores en un centro infantil para aquellos que ganan ¢600 mil o menos.
“El monto de la ayuda es el siguiente: ¢70.000 mensuales para familias monoparentales y ¢50.000 mensuales para familias biparentales”, cita el documento al que tuvo acceso este medio.
Según el acta, el beneficio aplicaría para aquellos padres que tienen hijos entre los 6 meses y los 6 años y 6 meses.
El artículo 105 también señala que la empresa les dará un monto de ¢34.000 al año a las trabajadoras que reciban ¢600 mil o menos de salario para que se hagan un control con el ginecólogo.
En cuanto a anualidades, el artículo 76, según menciona el acta, establece una anualidad de un 5% del salario base a julio del 2018.
Sobre ayudas económicas, en el caso del fallecimiento de uno de los empleados de la Refinadora, los familiares recibirían un aporte de ¢253.000 para los gastos fúnebres si el trabajador tiene un salario igual o menor a los ¢600 mil.
Ya no se pagarían los ¢39.000 anuales por los gastos correspondientes a anteojos de los funcionarios, como se establecía en la anterior convención.
CONGRESO DENUNCIA DOBLE DISCURSO
Para el diputado socialcristiano Erwen Masís, la posición del mandatario deja en evidencia el doble discurso del gobierno. “Me parece que no es suficiente lo que se ha hecho, es decir hay momentos en los cuales se puede obtener una mayor estabilidad en beneficio de los trabajadores y hay otros momentos donde hay que socarse la faja, pero tallársela de verdad y eso implica un compromiso y una responsabilidad de los mismos trabajadores, de no querer plantear cláusulas abusivas. Yo presenté por ejemplo un proyecto de ley que elimina un traslado de la plata de Recope hacia una asociación privada de más de ¢10 mil millones, y esos son los abusos que todos los costarricenses estamos reclamando. Vea usted que el Ejecutivo no ha convocado esta iniciativa”.