En una carta, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, declinó de participar en un debate invitado por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Desde el pasado miércoles, el Presidente lanzó el reto y programó el “debate democrático” para el día 9 de enero.
El mandatario citó a Aguirre y también al Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.
La carta de Aguirre dice textualmente:
Señor Presidente,
San José, 13 de diciembre de 2024
480-P-2024
Como usted bien señala, la democracia se construye en el diálogo, la transparencia y la discusión informada de los problemas nacionales. No obstante, el Poder Judicial declina y declinará siempre, el tomar parte en propuestas que resultan ajenas a nuestra función y competencia constitucional.
El diseño institucional costarricense, inspirado en los principios de separación de poderes y contrapesos democráticos, asigna al Poder Judicial una posición distinta a la del Poder Ejecutivo y Legislativo. Nuestra naturaleza y funciones, esencialmente técnicas y ajenas a la deliberación política, nos exigen prudencia en
la forma en que intervenimos en el espacio público, para preservar la imparcialidad, la confianza ciudadana y, sobre todo, la integridad de nuestra función constitucional.
Los procesos judiciales requieren rigurosidad técnica y confidencialidad, y no pueden ser sometidos a la lógica de un debate mediático, donde la simplificación y el espectáculo predominan sobre el análisis profundo y la legalidad.
El contexto actual, marcado por una creciente efervescencia política y un discurso público orientado a movilizar voluntades electorales, nos exige actuar con extrema responsabilidad. Resulta claro que este debate, aunque formalmente presentado como un ejercicio democrático, podría generar en la ciudadanía una valoración de participación inapropiada, conforme a nuestra naturaleza y función jurisdiccional.
Finalmente, hago un vehemente llamado a evitar cualquier señalamiento o dinámica que pueda ser percibida como un intento de debilitar la independencia de los poderes del Estado, minando los equilibrios constitucionalmente establecidos con el consecuente resultado de deslegitimación ante la ciudadanía.
El Poder Judicial seguirá trabajando con integridad, rigor técnico y respeto irrestricto a la ley, cumpliendo su mandato constitucional de servir a la ciudadanía, proteger los derechos humanos y contribuir a la paz social que ha distinguido a Costa Rica a lo largo de su historia.
Atentamente.
