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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, deberá comparecer el próximo 9 de julio ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Los diputados buscan respuestas al informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el que se identificaron irregularidades en el manejo presupuestario del Poder Judicial, específicamente en el cálculo de incapacidades y en la aplicación de la escala salarial global.
Durante la sesión de Corte Plena celebrada este lunes, el jerarca confirmó que se está realizando una auditoría interna para esclarecer las inconsistencias detectadas al cierre de 2023. Sin embargo, explicó que dicha revisión aún se encuentra en análisis conjunto con el Departamento de Recursos Humanos.
Además, el magistrado Aguirre comunicó que la Inspección Judicial abrió una investigación preliminar con el objetivo de determinar posibles responsabilidades disciplinarias. No obstante, ese proceso continúa en suspenso hasta que se concluya el informe de auditoría interna.
En atención a las observaciones formuladas por la CGR, la administración judicial se comprometió a implementar un plan de mejora en dos fases. La primera etapa culminaría en octubre de 2025, y la segunda en abril de 2026.
La magistrada Iris Rojas solicitó formalmente que la Presidencia de la Corte o un representante de su despacho participe de manera activa en las reuniones técnicas que sostienen Auditoría Interna, Recursos Humanos y la Contraloría, para asegurar una trazabilidad efectiva de la información y un control riguroso de los avances.
