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Eduardo Robert Ureña, presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), reconoce que hay una deuda pendiente en materia de titulación de tierras.
A la fecha habría 35.0000 derechos de propiedad sin entregar, según dijo a los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Limón, ante la que compareció en compañía de Julio Sánchez, abogado y director del Fondo de Tierras, con más de 40 años en la institución.
Robert aseguró que el problema se arrastra desde que existía el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasaría a ser el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
“El Inder cumple el 29 de noviembre 10 años, pero de años atrás viene una deuda histórica con el país y con los habitantes menos favorecidos. Ellos son los que han sido beneficiarios de las tierras y tenemos 35.000 títulos de propiedad sin otorgar”, afirmó.
Parte del problema es el impacto que esto tiene en las familias porque sin un título de propiedad no pueden optar por bonos de vivienda, agua ni electrificación.
Habló de una especie de precarización ordenada. “Es una figura de la ley, pero es un incentivo perverso y odioso que ha venido dándose en el tiempo. Estamos abocados desde el día uno a ver cuál será la metodología de trabajo, estamos trabajando para resolver el tema lo antes posible”, expresó.
META ES REDUCIR PROBLEMA UN 50%
Eso implica avanzar en un 50% de la titularización de tierras. Según dijo, no menos de un 30% de los pendientes se encuentra en la Región Atlántica Caribe, donde se ubica Batán. Es decir, se requieren entregar 10.000 títulos de propiedad en esa zona.
El plan piloto del gobierno arrancará justamente en Batán y Peñas Blancas. Ahí es de donde se levantarán los primeros asentamientos, de acuerdo con el cronograma de trabajo.
Para Sánchez mucho de lo que se está viendo es producto de errores del pasado que ahora están pagando. Algo que ayudará a agilizar el trabajo es el sistema catastral que permite reflejar las inconsistencias “entre lo que dimos, lo que tenemos y lo que tenemos que dar”.
SE CREYÓ QUE NO ERA IMPORTANTE
Como parte de su explicación dijo que en los últimos años se dejó de lado el tema de la titulación porque se creyó que no era importante.
“Se intentó poner en marcha un plan nacional de titulación mediante la contratación de abogados y topógrafos, un plan bastante caro. Yo siempre me opuse. Creo que con el personal interno podíamos lograrlo, al final algo se logró, pero no era lo deseable”, afirmó.
Considera que no es lo mismo que vaya personal del Inder a levantar la información que enviar a una empresa que de una manera fría abra expedientes.
“Lo que yo he propuesto es que llevemos a cabo la fiscalización, ir al campo, conformar los expedientes, en lugar de hacer un censo para estudiarlo y atacarlo. Hacer un censo es una pérdida de tiempo y una ilusión”, replicó.
SE REQUIEREN REFORMAS LEGALES Y CAMBIOS
La expectativa es que se apliquen reformas legales que agilicen el asunto.
Robert destacó que afecta en gran medida el proceso que el Inder deba esperar a que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) haga la calificación de si el terreno está 100% afectado por patrimonio del Estado y eso puede demorar entre seis y ocho meses.
Esto se debería a la falta de personal del Ministerio. Existe una propuesta para que cada dirección regional pueda trabajar de manera directa con la planificación de terrenos.
Otro aspecto que quita tiempo es el reglamento de uso y conservación de suelos y el tener que enviar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para que valide el estudio. La aprobación puede durar 15 días.
Algo similar al Minae sucede con las municipalidades, pues pueden tardar entre seis y ocho meses en visar un plano. Parte del problema es que se trata de propiedades grandes.
“Estamos viendo cómo solucionamos esos cuellos de botella y que las municipalidades, que son instituciones autónomas, nos ayuden y favorezcan. Con Matina ya hicimos contacto con Walter Céspedes, alcalde”, recalcó.