El presidente de la República, Rodrigo Chaves, deberá comparecer ante la Comisión que investiga las presuntas irregularidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Así lo dictaminaron los congresistas integrantes de esta comisión legislativa, este martes, tras la aprobación de una moción de audiencia.
Según los legisladores, el mandatario deberá referirse a los hechos relacionados con el otorgamiento de contratos millonarios, con un sobreprecio de 12.400 millones, a 5 cooperativas para administrar 138 Ebais.
Esta causa se investigó bajo el Caso Barrenador, en el que se detuvo a 8 directivos de la CCSS, incluyendo a su presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.
Esquivel y otros tres funcionarios fueron suspendidos de su cargo por seis meses.
De momento, se desconoce la fecha en que Chaves comparecerá ante dicho órgano legislativo.
Será la primera comisión en la que Chaves deba rendir cuentas, luego de dos espacios legislativos en los que estuvo implicado su nombre: Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos y Comisión Investigadora del Sinart.
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¿Qué se sabe del Caso Barrenador?
El pasado 23 de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó 28 allanamientos, ante la denuncia de contratos con un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones para la administración de Ebais, por parte de cinco cooperativas.
Se realizaron 8 detenciones, de integrantes de la Junta Directiva de la Caja, incluyendo a la presidenta de la institución, Marta Esquivel.
En el caso judicial la Fiscalía investigó los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
También señaló una presunta presión por parte de los directivos de la Caja para ceder la adjudicación a las cooperativas beneficiadas.
Sobre los contratos, la Contraloría General de la República (CGR), confirmó que se encontraban en firme, contraria a la versión del Gobierno.
Esquivel y los 7 funcionarios fueron puestos en libertad, el 24 de setiembre, a la espera de las medidas cautelares.
La presidente de la Caja y el resto de imputados regresaron a su puesto el pasado 1° de octubre. Hasta que el juez de Hacienda dictara el veredicto.
