La Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público recibió ayer la denuncia contra la presidenta de la República Laura Chinchilla y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro.
Ambos fueron denunciados por José Antonio Rojas Hernández por los supuestos delitos de violentar en deber de probidad e incumplimiento de deberes, en el caso de la concesión de la carretera San José-San Ramón.
Rojas explicó anoche que decidió poner la denuncia por cuanto ha sido muy grave lo que ha sucedido con esa concesión y que no se han dado las explicaciones necesarias para que el pueblo esté tranquilo, después de las protestas de las semanas anteriores en los pueblos de occidente.
Explicó que al saber de los errores graves que contenía la firma del contrato con la empresa OAS se lo hizo ver a la mandataria para que de inmediato lo anulara sin tener que pagar nada, pero en su lugar se buscó un “mutuo acuerdo” que nadie entiende.
Agregó que el problema consiste en que Humberto Pereira que firma por OAS y Concesionaria Valle Central en la cesión del contrato, no tenía el poder generalísimo para hacerlo, por cuanto se le habría extendido una certificación falsa, y solo un mes antes había sido un trabajador administrativo. Para el denunciante ahí se cometió el delito de falsedad ideológica de la abogada que hizo la certificación, pero además invalida el contrato en forma automática.
Alega que al ser comunicada esa irregularidad la mandataria y Castro estaban obligados a anularlo, pero como no lo hizo, podría haber cometido el delito de incumplimiento de deberes y violentaron el deber de probidad que deben tener todos los empleados públicos.
Al ser una denuncia contra dos miembros de un poder de la República, será el mismo fiscal general, Jorge Chavarría, quien debe de dirigir la investigación.